Sí hay una frase o un dicho que refleja literalmente el momento por el que atraviesa el Partido por la Democracia (PPD) es que “le llueve sobre mojado”. Ese es el ambiente que en privado se dejó sentir por los pasillos del Congreso entre los militantes del partido, tras conocer la noticia de que la Fiscalía inició una investigación formal en contra del ex ministro Segpres Jorge Insunza por los eventuales delitos de cohecho, negociación incompatible y delitos tributarios. Ello, luego de las asesorías que realizó a Antofagasta Minerals, por medio de su empresa Virtus Consultores, entre los años 2007 y 2014, período en que ejerció como diputado, incluso alcanzando durante un año la presidencia de la Comisión de Minería.

Un diputado PPD comenta que era algo que se veía venir hace tiempo, pues desde que renunció como ministro en junio del año pasado, todos los antecedentes olían mal. El parlamentario también expresa su preocupación por el actual momento en que recibe el PPD esta nueva estocada. A juicio del legislador esta noticia podría mermar aún más la mala imagen que existe en el partido, con varios de sus militantes cuestionados por hechos como éste. “Ya casi nadie se salva”, agrega con cierta resignación.

El partido tras conocer la información optó por emitir un comunicado oficial en donde plantea que en el caso de que Insunza sea formalizado por el Ministerio Público, su militancia quedará automáticamente suspendida: "Ante este tipo de situaciones tiene (el partido) una norma interna, la cual indica que: Cada vez que hay una formalización de algún militante, se suspende su militancia, hasta que el caso sea aclarado. Esperamos que esta indagatoria sea realizada en el plazo más breve posible, para que los hechos investigados sean esclarecidos y se puedan dar a conocer con prontitud", dice el texto firmado por el presidente del partido, Gonzalo Navarrete. El escrito también afirma que el ex diputado, según le comentó a la mesa directiva, estará disponible para entregar todos los antecedentes con la mayor celeridad a la Fiscalía.

En concreto, la línea de investigación que comenzó la Fiscalía Metropolitana Oriente apunta- según las primeras indagatorias efectuadas tanto por el órgano persecutor como por la PDI- en los supuestos pagos que había realizado la minera al entonces diputado por asesorías que no estarían justificadas, lo que levantó las sospechas de los delitos que se le podrían imputar de cara a una eventual formalización. Entre las primeras diligencias la Fiscalía enviará un oficio al Parlamento para conocer los proyectos que votó el legislador en el tema minero. El presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, consultado al respecto dijo que aún no leía el oficio y que cuando lo tuviera en su poder iba a colaborar ante la solicitud.

El diputado no quiso adelantarse a los hechos, pero sí expresó que de ser ciertos sería un hecho grave: “Si se hubiesen prestado esos servicios simultáneamente me merece un reproche severo”, dijo.

En tanto, el diputado socialista Juan Luis Castro emplazó al ex ministro a aclarar a la brevedad su situación, porque son acusaciones preocupantes: “Son acusaciones graves, lo ideal sería que él dijera toda la verdad que se pronunciara rápidamente, que despejara todas las dudas, y si tiene que reconocer algo que lo diga. Pero la información a priori es preocupante, porque habla de $ 2 millones mensuales de pago de estas empresas, en tiempo en que fue diputado”. Además, Castro llamó a sus colegas del PPD a tomar prontas medidas sobre este caso: “Ojala su partido tome las decisiones del caso, pero él también debe expresar su verdad judicial ante situación que se ha ido enredando con  las últimas diligencias”.

Desde la Casa de Gobierno se le intentó bajar el perfil a esta acusación y el vocero, Marcelo Díaz, se limitó a decir que “lo que todos tenemos que hacer es respetar el trabajo de los fiscales, ellos sabrán las decisiones que toman y por qué las toman”.

El día de su renuncia

El domingo 15 de junio de 2015 y luego de sendas presiones desde todos los sectores políticos, incluidos de su propio partido, el recién asumido ministro de la Secretaria General de la Presidencia (estuvo 28 días en el cargo) presentaba su renuncia indeclinable a la Presidenta de la República. La noticia sorprendió a Bachelet en una gira europea, y desde París tuvo que monitorear la crisis.

Los cuestionamientos eran grandes hacia su rol como ministro, una vez que salió a luz  sus trabajos para la empresa minera Antofagasta Minerals al haber desarrollado asesorías en la época en que fue parlamentario. Hasta ahí, nada ilegal, pero sí cuestionable desde el punto de vista de le ética. De hecho, ese fue su principal argumento a la hora de su dimisión: "No hubo ilegalidad alguna. Salgo con la conciencia limpia y la convicción de que esto es lo mejor para Chile", dijo en aquella tarde de domingo.

Pero eso no fue todo, en su discurso de despedida emitió una confusa declaración. Por ese tiempo en el ambiente circulaba la idea de algún tipo de “acuerdo” político para frenar las investigaciones judiciales que se comenzaban a abrir de forma descontrolada desde todos los flancos. Sin que nadie le preguntara, Insunza lanzó una frase que a muchos sembró más de una duda: "No voy a aceptar que una debilidad mía les permita reforzar la estrategia de la impunidad. Sé perfectamente que me atacan por mi dura objeción a esa petición de un proyecto de ley que derive en una especie de amnistía impropia. Jamás contarían conmigo para tamaña desfachatez”, expresó.

Con todo, ahora se deberán esperar las próximas diligencias y en el PPD ya están preparados para una eventual formalización con medidas cautelares. El camino se cimienta para vivir algo similar a lo del ex senador UDI, Jaime Orpis, quien hoy está bajo prisión preventiva. En el PPD ya avizoran una escena similar y comienzan a ver los costos que tendrán que pagar, en un momento en que el partido no pasa por su mejor momento.