Durante la jornada de hoy el ex ministro y ex candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, será formalizado en el Octavo Juzgado de Garantía por los delitos de por delitos tributarios y cohecho, luego de que en marzo el fiscal del caso, Pablo Gómez, decidiera separar de la arista principal de SQM la investigación por la posible intervención de Patricio Contesse, ex gerente general de la minera no metálica, en la redacción de la Ley del Royalty mientras Longueira se desempeñaba como senador.

Aunque no se conocerán los detalles de los delitos que se le imputan hasta que comience la audiencia, se trata de las acusaciones más graves que se han hecho hasta el momento en materia de financiamiento ilegal a la política.

No obstante, la Fiscalía ya anunció que  –a diferencia de lo que pasó con el senador desaforado Jaime Orpis–, no pedirán prisión preventiva para el ex ministro por dos razones: las penas para el delito de cohecho son muy bajas y el Servicio de Impuestos Internos (SII) no se ha querellado por delitos tributarios. En su lugar, tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitarán arresto domiciliario como medida cautelar.

Durante la jornada también será formalizado Patricio Contesse por delitos tributarios y cohecho.

Estos son los episodios que antecedieron a la formalización.

Renuncia a las primarias

En abril de 2013, Longueira dejó el gabinete de Sebastián Piñera para ser proclamado el precandidato presidencial de la UDI en reemplazo de Laurence Golborne, cuestionado tras las polémicas de Cencosud y las Islas Vírgenes.

Para el gremialismo, la nominación del coronel y emblemático fundador de la UDI era una apuesta de “todo o nada” y su triunfo en las primarias del 30 de junio –donde se impuso con el 51% de los votos frente a Andrés Allamand (RN)– fue festejado como pocas cosas en la sede de la calle Suecia.

Sin embargo, sólo dos semanas más tarde Longueira se retiraba de la carrera. La determinación tomó por sorpresa a todos. Los miembros de la UDI recibieron sólo un escueto mensaje, mientras uno de los hijos del ex ministro explicaba en una conferencia de prensa que la salud de su padre se había deteriorado de manera considerable durante la campaña producto de una depresión médicamente diagnosticada.

Rápidamente el partido nominó a Evelyn Matthei como su tercera candidata en tres meses, en una campaña que fue cuesta arriba desde el comienzo. En el gremialismo, la crisis fue comparada con el asesinato de Jaime Guzmán o el caso Spiniak.

Ese mismo año Longueira anunció –como ya lo había hecho en ocasiones anteriores– su retiro definitivo de la política e inició una travesía en velero por el Atlántico. Durante los próximos dos años el coronel se mantendría alejado de la política, aceptando sólo selectas invitaciones a exponer.

Penta y SQM

Sin embargo, el retiro no fue suficiente para que el nombre de Longueira no fuera salpicado por los casos de financiamiento a la política que comenzaron a destaparse a fines de 2014.

Los primeros vínculos con Penta aparecieron durante la declaración de Hugo Bravo ante la fiscalía, en septiembre de ese año.  En aquella ocasión, el ex director de Penta confesó haberle entregado $ 100 millones en efectivo al ex ministro por orden de los dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. El objetivo del dinero habría sido financiar la campaña de las primarias de 2013. Además, tras su renuncia, “los Carlos” le habrían entregado otros 30 millones de pesos para que pudiera rearmar su nueva vida.

La información revelada por Bravo fue confirmada tanto por Délano como por Lavín. Sin embargo, explicaron que fue dinero que ellos decidieron donar a la campaña sin que el abanderado de la UDI lo solicitara.

Por su parte, Longueira hizo uso de su derecho a guardar silencio las dos veces que fue citado por la Fiscalía para declarar sobre este tema.

En cambio, su relación con SQM se dio luego de que la fiscalía detectara una serie de boletas ideológicamente falsas emitidas por sus asesores más cercanos y parientes. Según un informe elaborado por la firma estadounidense Shearman & Sterling, contratada por  SQM para investigar de forma interna la existencia de financiamiento irregular a políticos, un total de 22 personas –naturales y jurídicas– relacionadas con el ex ministro habrían recibido una suma que asciende a los $ 730 millones por parte de la empresa.

En su defensa, Longueira ha cuestionado la precisión del informe. Pese a que en una entrevista en El Mercurio reconoció que efectivamente hay vínculos reales, sostuvo que también el documento contiene errores. Por ejemplo, negó tener cualquier tipo de relación con la Corporación de Asuntos Públicos, que de acuerdo al estudio le habría donado más de $ 130 millones y aseguró que sus dos fundaciones, Chile Justo y Fundación Web sólo recibieron aportes por la vía legal.

Hasta el momento, el SII no ha presentado una querella por delitos tributarios en su contra. De acuerdo a lo declarado por Fernando Barraza, director del Servicio, todavía se encuentran en la etapa de recopilación de antecedentes.

No obstante, el SII ya se querelló en contra de 18 personas vinculadas a Longueira, entre ellas Carmen Gloria “Titi Valdivieso”, una de las asesoras más cercanas al ex ministro y quien ha sido indicada como la persona que coordinaba a sus “boleteros”.

Arista Royalty

A comienzos de este año, una publicación de revista Qué Pasa revela que la relación entre Longueira y SQM no se limitó a la emisión de facturas y boletas por actividades que jamás fueran realizadas. Durante su periodo como senador, Longueira intercambió una serie de correos con Patricio Contesse, gerente general de la minera, en los que se discutía la Ley del Royalty que el gobierno de Piñera tramitaba en ese momento.

Las sospechas de la influencia de SQM en la redacción final de la ley fueron reforzadas por dos publicaciones posteriores, una de The Clinic y la otra de Ciper. Esta última daba cuenta de un artículo que Contesse envió a Longeuira y que después fue agregado al proyecto de manera casi integra.

Estos nuevos antecedentes cambiaron profundamente el escenario judicial, ya que permitían configurar un eventual delito de cohecho.

También significó un cambio en los planes del Fiscal Jorge Abbott, quien desde el comienzo de su mandato había sido enfático en que marzo sería el mes en que los casos Penta y SQM comenzarían a llegar a su cierre. Sin embargo, la magnitud de los nuevos datos recabados por la fiscalía, hicieron que el fiscal Pablo Gómez, a cargo de la investigación, decidiera abrir un cuaderno separado por el delito de cohecho. Así, la judicialización del caso dejó de depender exclusivamente del SII, como ha sucedido en el resto de los casos de financiamiento irregular de la política, y sólo 10 días más tarde la primera querella en contra de Longueira se materializaba.

Los efectos de esta arista no sólo han sido otro duro golpe para la UDI, que no ha logrado recuperarse de las investigaciones que han afectado a varias de sus figuras más emblemáticas, entre ellas Jovino Novoa y Jaime Orpis. Pese a que Longueira ha negado en todo momento las acusaciones, argumentando que se trató de conversaciones habituales dentro del quehacer parlamentario para salvar la Ley del Royalty luego de que fuera bloqueada por la izquierda, el ex coronel se vio obligado a renunciar al partido que el mismo formó.