La polémica por el déficit detectado de $2 mil millones en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) llegó hasta el Palacio de La Moneda. Lo que era una divergencia administrativa entre la repartición y la subsecretaría de Justicia y que en los últimos días había resuelto la Contraloría, tras un informe de auditoría que dejaba más dudas que certezas, se convirtió en un problema político entre la ministra de Justicia, Javiera Blanco y el subsecretario de gobierno, Osvaldo Soto.

Esta tarde la Segegob envió un comunicado en el que se señala que "la Presidenta de la República le solicitó la renuncia a Osvaldo Soto Valdivia al cargo de Subsecretario General de Gobierno, la que se ha hecho efectiva a contar de esta fecha", dice textual, junto con informar que será reemplazado por el director de la división de administración y finanzas de la Secretaría General de Gobierno, Miguel Candia Irarrázabal, quien seguirá en el cargo hasta que se designe al sucesor(a).

Así se cierra una polémica que comenzó con la denuncia del Ministerio de Justicia ante la Contraloría para que investigue los antecedentes del déficit que se habría producido durante la administración de Soto mientras era director metropolitano de la CAJ.

En abril pasado un preinforme del órgano contralor había detectado vulneraciones al "principio de legalidad del gasto" al detectar que durante 2014 y 2015, periodo en que Soto dirigió la entidad, se hicieron nivelación de remuneraciones, reforzamiento de equipos y nuevas contrataciones sin atender si existía disponibilidad necesaria de recursos. El preinforme apuntaba a la responsabilidad de Soto, quien envió más de 12 contestaciones a la Contraloría en las que atribuía responsabilidades a la Subsecretaría de Justicia y  los equipos del Ministerio de Justicia así como en sus antecesores en el cargo.

Con todo, el informe final validó estas anomalías y esta vulneración de los principios administrativos por parte de la gestión de Soto, pese a lo cuál no se tomaron medidas y ni reproches contra él. Solamente se recomienda en un futuro ajustarse a la legalidad en el manejo de los recursos. Así las cosas, y utilizando este informe como argumento a su favor, el subsecretario Soto afinó la puntería y desargó su artillería sobre la ministra de Justicia, Javiera Blanco y sus equipos.

Este jueves en una entrevista con El Mercurio, Soto aseguró que "hay graves debilidades de los equipos técnicos de la ministra de Justicia; ella debería hacer un análisis de eso particularmente de la división judicial, porque son funcionarios del ministerio de Justicia los que estaban informados del déficit", planteó.

Sus palabras cayeron muy mal en Justicia. Según altas fuentes de la entidad no sólo porque deslindaba responsabilidades, sino porque pese a que el informe final de Contraloría no recomendaba acciones administrativas contra Soto, en Justicia estaba la convicción de que su gestión era la responsable del déficit, según fuentes internas.

La ministra Blanco elevó un reclamo en el Palacio de La Moneda, no sólo por la situación expuesta por el órgano contralor, sino por las palabras de Soto. La polémica escaló este viernes y la ministra endureció su reclamo. El ministro de la Segegob, Marcelo Díaz, superior jerárquico del funcionario radical, tomó cartas en el asunto y se reunió en dos ocasiones con el subsecretario. En la última de las reuniones se le informó la decisión de la mandataria de pedirle que renuncia al cargo.