El gobierno ha debido vivir constantemente con votaciones en contra de sus proyectos de parte de parlamentarios oficialistas; también con iniciativas propias alejadas del programa de gobierno; pero nunca habían tenido que lidiar con una indicación que, a juicio de La Moneda, es derechamente inconstitucional. Todo tiene un límite. Y para La Moneda ese límite se sobrepasó con creces la semana pasada cuando la Cámara aprobó por 100 votos una indicación —de autoría de la diputada PC Camila Vallejo—, que cambiaba el sistema de financiamiento de la educación pública dado por la asistencia a otro por matrícula y otros factores. Dicho tema estuvo presente en el tradicional comité político de los lunes entre los ministros políticos y los presidentes de los siete partidos de la Nueva Mayoría. Uno de ellos observó con calma y paciencia los emplazamientos de los ministros al actuar de los parlamentarios: el presidente del PC, Guillermo Teillier. Las miradas iban hacia él, pues una diputada de su bancada fue la autora de la indicación que generó la indignación de Palacio.

Si bien no hubo un emplazamiento directo hacia el PC —pues al fin y al cabo la iniciativa fue aprobada por una abrumadora mayoría en la sala —, el encargado de aclarar las cosas en la reunión fue el ministro Segpres, Nicolás Eyzaguirre. El secretario de Estado explicó que quienes piensan que el actual sistema de financiamiento de los colegios públicos seguirá bajo el sistema de la asistencia estaban absolutamente equivocados: los dineros se entregarán por 16 nuevos factores. El ministro se comprometió, sobre todo con el líder PC, a explicarle con “peras y manzanas” cómo funcionará el nuevo sistema.

Teillier declaró a la salida del encuentro que el gobierno nunca explicó con certeza cómo iba a ser el financiamiento y que bajo esos parámetros la indicación de su compañera (la diputada Vallejo) estaba plenamente justificada. Ahora bien, si Eyzaguirre logra convencerlos de lo contrario; otro gallo cantará: “No se venga a responsabilizar aquí al Partido Comunista, puede que una diputada nuestra haya estado en el inicio de una indicación, pero ese no es el problema. El problema es que no está claro cómo es el financiamiento de la nueva educación pública”.  El líder el PC agregó que entiende la molestia del gobierno y del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en particular, pues cualquier tema que involucre financiamiento es complejo de tratar: “Si al gobierno le gustó o no que se aprobara la admisibilidad, claro que no le gustó y al ministro (de Hacienda) tampoco; pero entiendo las angustias de Valdés con una economía ralentizada, efectivamente tiene esa preocupación. Pero acá nadie estaba pidiendo más presupuesto, que quede claro. Con el mismo presupuesto, pero con otra fórmula”. El jefe de los comunistas esperará que el gobierno aclare cuánto antes cómo se llevará a cabo esta nueva fórmula de financiamiento, para ver si revierte su postura inicial.

En tanto desde los otros partidos de la Nueva Mayoría exigieron mayor orden en los parlamentarios oficialistas. La presidente del PS, Isabel Allende, dijo que no existe ningún tipo de explicación para la aprobación de la polémica indicación: “Por mucho que uno trate de encontrar fundamentos y razones quiero decir con toda sinceridad, respeto y cariño, hay que decirle a los diputados: hace mal votar proyectos que son claramente inadmisibles, uno puede levantar el punto político, levantar dudas si quedó claro que la asistencia no va a ser sustantiva a la hora de los ingresos en la nueva administración de la educación pública, pero no es posible que diputados que todos han asumido respetar la constitución, votar algo que es inadmisible”.

Por otro lado, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, indicó enfático que esta situación no puede volver a repetirse: "Este es un punto extremadamente complejo. No puede volver a repetirse lo que pasó la semana pasada, donde se aprueban normas que no sólo son inconstitucionales, sino que afectan la planificación del presupuesto de la nación. Eso es desorden”.

El presidente de la Cámara, diputado Osvaldo Andrade (uno de los pocos que votó en contra por considerar que la indicación era claramente inconstitucional) hizo un llamado a los partidos a revisar sus procedimientos: “Hay que hacer un llamado a los partidos, los parlamentarios son electos por los partido. Sería interesante que los partidos también hicieran los esfuerzos para que estas cosas no ocurriesen”.

Gobierno evaluará recurrir el TC

En La Moneda apuestan para que este escenario se revierta en el Senado y se declare inadmisible dicha indicación propuesta por el PC. Y para ello, Eyzaguirre deberá desplegar un arduo trabajo para explicar que el sistema de financiamiento sí cambiará, con estos nuevos 16 factores que se considerarán al momento de entregar los recursos a un colegio público. De lo contrario, ya se está analizando que La Moneda recurra al Tribunal Constitucional, aunque resulte una contradicción luego de las últimas malas experiencias y los cuestionamientos al actuar político del TC, tras los fallos por la glosa de gratuidad en educación superior, y por la reforma laboral. Andrade propuso, en el comité, que iba a tener que verse en serio esa opción, en caso que la indicación no se muera en el Senado, como lo espera el gobierno.

En esa línea el vocero, Marcelo Díaz, recalcó que los partidos deben ceñirse a la legalidad marcada por la Carta Fundamental: “El primer acto para asumir el cargo parlamentario es jurar o prometer cumplir con la constitución y las leyes. Hemos visto que aquí se ha adoptado una decisión que no es constitucional, por lo tanto, insisto nosotros lo que esperamos,  es que esto sea enmendado en el Congreso, y desde esa perspectivas tenemos la confianza en aquello va a ocurrir”.

Pero más allá de esto, en la Nueva Mayoría y en el gobierno ya se respira un ambiente de desorden al filo de empezar un nuevo proceso de elecciones. Este escenario preocupa a todos quienes quieren proyectar el conglomerado más allá de 2017. Uno de ellos es el ministro del Interior, Mario Fernández, quien ha expresado que se debe actuar bajo patrones comunes, con el fin de terminar dignamente el gobierno, y bajo ese alero pensar en una proyección. Así, el gobierno organizará para las próximas semanas un conclave para tratar las prioridades de cara a este último año y medio que les resta al mando de la presidencia. Tarea nada fácil en una Nueva Mayoría cada vez más fuera de control.