Este lunes en una entrevista en CNN, el ex director de Gendarmería Tulio Arce, a quien el gobierno le solicitó la renuncia la semana pasada, acusó al subsecretario de Justicia Ignacio Suárez, junto con asesores de la ministra Javiera Blanco de exigir ascensos dentro de la institución. En particular, se refirió al caso de Pedro Hernández, militante DC y  ex presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, quien fue designado jefe de la Unidad de Participación ciudadana por orden de Suárez.

"No me pareció apropiado, pero cumplí sus instrucciones porque nosotros estamos subordinados al Ministerio de Justicia. Creo que fue incorrecto éticamente", indicó el ex cabeza de los gendarmes.

"Yo le advertí al subsecretario de lo poco viable y poco transparente que podía ser nombrar a una persona que era dirigente sindical y que además asumiera un cargo de jefe de departamento", añadió.

Desde el ministerio salieron rápidamente a desmentir las acusaciones de Arce.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechaza y desmiente categóricamente todas las afirmaciones del señor Tulio Arce, en las cuales de manera infundada se imputa una conducta inadecuada a los altos directivos de esta secretaría de Estado. La facultad de efectuar contrataciones recae en los directores nacionales de los servicios y este Ministerio ha sido respetuoso de esa atribución”, dice la declaración pública emitida por la cartera.

Las últimas semanas la situación del ministerio de Justicia se ha salido de control, con dos flancos abiertos que complican a la ministra: Gendarmería y el Sename.

En Gendarmería la crisis se desató hace dos semanas, cuando se conoció la millonaria pensión de Myriam Olate, ex esposa del diputado Osvaldo Andrade y  ex subdirectora técnica de la institución penitenciaria. A partir de este caso se supo que desde el 2014 el 90% de los jubilados de Gendarmería estaban recibiendo pensiones sobre las 60 UF, límite fijado por la controlaría, además del uso abusivo de licencias médicas, motivo por el que 123 funcionarios fueron desvinculados.

Las medidas que tomó el gobierno ante este escenario no gustaron en Gendarmería: tras la renuncia de Arce asumió el geógrafo Jaime Rojas, quien no ha seguido una carrera funcionaria dentro de la institución, y la contraloría ratificó el tope de 60 UF como máximo para las pensiones. Ayer los gendarmes votaron un paro de advertencias de 24 horas. Entre sus demandas solicitan tanto la renuncia de Rojas como de la ministra.

En el Sename, en tanto, la crisis se desató hace un par de meses tras la muerte de una niña de 11 años en dependencias del Servicio. Sin embargo, no tomó vuelo hasta la semana pasada, cuando un informe solicitado al ministerio de Justicia por la comisión investigadora de la Cámara reveló que entre 2005 y 2016, 185 niños han perdido la vida bajo la tutela del organismo. A esto se le sumó la fuga de 14 menores desde un centro de Arica durante el fin de semana.

Al igual que en el caso de Gendarmería, Blanco también le solicitó la renuncia al director del Sename, Hugo Herrera, quien alcanzó a estar menos de tres meses en el puesto. Y de la misma forma, su reemplazo ha sido fuente de cuestionamientos, ya que la ministra designó a la ex fiscal del caso Tsunami, Solange Huerta, como nueva directora del servicio.

Por todos estos motivos la semana pasada parlamentarios de Chile Vamos e independientes acordaron interpelar a la ministra, procedimiento que se llevará a cabo la primera semana de agosto. Desde el oficialismo, tanto los parlamentarios de la Nueva Mayoría como los presidentes de los Partidos han salido a entregar su respaldo a Blanco.

No obstante, fuentes de Palacio reconocen la complejidad del escenario y aseguran que se está analizando la situación de la ministra.