Será un cumpleaños tenso. Al menos, acontecido. El próximo lunes 1 de agosto la ministra de Justicia, Javiera Blanco, celebrará sus 44 años esperando la interpelación que enfrentará un día después en la Cámara de Diputados. No será cualquier interpelación. A Blanco le tocó todo junto: la crisis institucional en el Sename, las pensiones en Gendarmería y el profundo déficit de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) asoman como los principales temas que deberá sortear, los mismos que han desatado una verdadera crisis política en el gobierno.

También convive con una amenaza de acusación constitucional y el rumor diario de una eventual renuncia o un cambio de gabinete que nunca llega.
Las últimas semanas de Javiera Blanco han sido particularmente convulsionadas: los temas de su cartera se han convertido en agenda nacional y se han desnudado problemas tan profundos que traspasan su gestión. Pero la administración que ha hecho de la crisis tampoco le ha dado réditos.

Su pasado en Fundación Paz Ciudadana, su rol en la designación del fiscal nacional Jorge Abbott y sus redes transversales en el Congreso le juegan a su favor en días en que su cabeza es el fetiche más recurrente de sus detractores.

El viernes de la semana pasada sus detractores celebraban lo que consideraban era el golpe de gracia: un oficio que confirmaba los dichos del ex director de Gendarmería, Tulio Arce, quien la acusó de pedirle ascensos y contrataciones a través de sus asesores. El documento consagraba la petición de Blanco a Gendarmería de cuatro funcionarios a quienes asignó comisión de servicio para ponerlos bajo su cargo en funciones de contingencia. Luego de que los antecedentes hicieran explotar las redes sociales y los noticieros, la ministra convocó a una conferencia de prensa donde, no fueron pocos los que pensaron que anunciaría su salida de Justicia. Pero no fue así. Salió a explicar todo.

Altas fuentes de gobierno señalan que dicha conferencia fue muy bien evaluada en La Moneda, y especialmente en el entorno de la presidenta, quien tiene una relación de estima y cercanía con Blanco.

Dicen que la mandataria se ha resistido a una eventual salida y que optó por sostenerla por lo menos hasta enfrentar la interpelación. Pero esta posición de Blanco en el gobierno no es lo único que la sostiene en medio de la tormenta. Es comentario obligado que sus redes más allá de la politica, en el mundo empresarial y en círculos judiciales, también pesan. Su pasado en Fundación Paz Ciudadana, su rol en la designación del fiscal nacional Jorge Abbott y sus redes transversales en el Congreso, le juegan a su favor en días en que su cabeza es el fetiche más recurrente de sus detractores.

Vasos comunicantes

La ministra Javiera Blanco y la directora ejecutiva nacional (DEN) del Ministerio Público, Francisca Werth, se conocen desde adolescentes. La amistad partió a principios de los 90 cuando ambas ingresaron al preuniversitario Pedro de Valdivia y luego a la escuela de Derecho de la Universidad Católica. También coincidieron en Paz Ciudadana y, entre mayo de 2015 y noviembre de 2016, en el Ministerio de Justicia en el que Werth se desempeñó como jefa de estudios y Blanco como la principal autoridad. La verdad es que son amigas y la amistad es sólida, según confiesa la propia Werth. Tanto que, junto a otras cinco compañeras de la universidad, manejan un círculo cerrado de amistades que confluye en un activo grupo de WhatsApp.

“La Javiera y yo éramos unas niñas cuando nos conocimos. Y somos muy amigas. Grandes amigas. Amigas de la vida. Le tengo un cariño enorme y un gran reconocimiento. Es una de las personas más significativas en mi vida”, cuenta Werth.

Pero esa cercanía y amistad significativa, como describe quien ocupa el segundo cargo de mayor importancia en la Fiscalía Nacional, ha generado suspicacias e interpretaciones internas y, por cierto, externas. No son pocos los que ven en esta cercanía vasos comunicantes demasiado fluidos entre el organismo encargado de perseguir delitos y el gobierno. Sobre todo, en tiempos que las investigaciones por financiamiento de campañas políticas cruzan el espectro político y algunas, como Caval, caso en el que está formalizada Natalia Compagnon, nuera de la presidenta, Michelle Bachelet —quien también prestó declaración en esta indagatoria como testigo—, se instalan en las propias fauces de La Moneda.

“Nuestra independencia podría verse cuestionada”, confiesa un directivo del Ministerio Público, quien pidió reserva de su identidad.

A esto hay que agregarle el nivel de influencia que Werth ha conseguido en la institución, donde el estilo Abbott de delegar responsabilidades le ha permitido moverse con libertad. En medio del complejo trance que vive el Ministerio Público, por la soterrada lucha de poder entre el propio fiscal nacional y sus fiscales regionales más expuestos, es decir, precisamente quienes dirigen las causas que golpean a la política, la posición de Werth ha crecido sosteniblemente, despertando recelos internos. Es en ese plano donde su cercanía con el gobierno y en particular con la ministra Blanco se ha visibilizado.

La funcionaria asume los cuestionamientos y no evade las críticas. Sostiene que lo mejor es enfrentar y responder directamente. “Creo que tengo una trayectoria que me avala en el cargo. Los límites están en la moral y en la ética de cada uno”, explica y agrega enseguida: “Hoy en día por el clima nacional en el que nos encontramos, todo genera suspicacia y cómo tú matas esa suspicacia, o cómo te haces cargo de ella. Primero, reconociendo que existe una relación profunda de amistad y yo no la voy a negar ni desconocer y espero que ella tampoco”.

Según lo que se supo y publicó esta misma revista, Javiera Blanco fue clave en la designación de Jorge Abbott como el jefe máximo del Ministerio Público. Esto, porque la ministra de Justicia logró conseguir el apoyo de senadores opositores, quienes se mostraban reacios a apoyar al actual fiscal nacional.

La permanencia de Blanco en el gabinete de la presidenta Bachelet es visto como un beneficio para La Moneda. Sin la ministra en el horizonte, claramente los vasos comunicantes y la interlocución con el Ministerio Público quedarían truncados.

Por lo mismo, luego de la confirmación de Abbott y la posterior designación que este hizo en favor de Werth como su segunda a bordo, no son pocos los que vieron la mano de la ministra. Sobre todo luego de que se supo que Abbott también sondeó a otras personas para el cargo. Por cierto, Werth niega de plano que su nombramiento haya sido impuesto por la secretaria de Estado.

Pero éste no fue el último de los cruces entre ambas instituciones. El pasado sábado 16 de julio se conoció la designación de Solange Huerta como jefa del Sename. La ex fiscal del caso tsunami, en todo caso, había renunciado a fines de junio como jefa de la unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional. Su salida se produjo por un sumario en contra de su esposo, el fiscal de San Antonio Álvaro Pérez. Huerta dejó su cargo debido a que la indagatoria administrativa avanzó a una etapa en la debía resolverse en la Fiscalía Nacional, donde trabajaba entonces.

En todo este contexto, la permanencia de Blanco en el gabinete de la presidenta Bachelet es vista como un beneficio para La Moneda. Sin Blanco en el horizonte, claramente los vasos comunicantes y la interlocución con el Ministerio Público quedarían truncados, sobre todo si el otro ministro que tenía buenas relaciones con la institución ya no está en el gobierno: Jorge Burgos.

Muñeca política

Hay versiones encontradas. La primera dice que la decisión de designar a la ex fiscal Huerta, quien investigó el caso tsunami, como directora del Sename fue tomada entre la presidenta Bachelet, su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, y la ministra de Justicia. Una decisión polémica, precisamente por las suspicacias que generaba la designación de quien había investigado a la propia mandataria por el manejo de la crisis del terremoto del 27F. En esta misma versión, varias fuentes consultadas señalan que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, no participó de la decisión, y que manifestó posteriormente su molestia por no haber sido consultado. Esto último es negado en el entorno de Aleuy, donde señalan que el subsecretario siempre estuvo al tanto de la designación. Lo cierto es que tras la llegada de Huerta a un cargo de confianza, y justo cuando se buscaba alguien que le diera una salida a la crisis terminal que vive el Sename, Blanco demostró que aún le quedaba muñeca política. Algo que se vio reflejado tras recibir la semana pasada, quizás la peor que ha vivido en Justicia, las visitas del grueso de dirigentes de su partido, la DC, así como de otros altos dirigentes del oficialismo. Si bien Blanco no es militante DC, es muy cercana al partido que dirige Carolina Goic y siempre termina ocupando el “cupo DC”.

“Nosotros no vamos a aceptar esta campaña de descalificaciones, ni de ataques arteros, por una supuesta responsabilidad de la ministra por temas que todos los chilenos sabemos que se arrastran desde hace muchísimos años”, dijo el senador Jorge Pizarro tras visitarla en su despacho, dando una férrea muestra de que, políticamente, la ministra mantiene un buen respaldo y transversal. De hecho, la semana que recién pasó recibió a representantes de las directivas del PC y el PR, partidos con los que Blanco no ha tenido una especial relación. También ha recibido respaldo del gobierno: durante toda la semana sostuvo reuniones con Aleuy y el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, y un equipo de la Segpres estuvo a su disposición para preparar los contenidos que deberá abordar en la interpelación del martes próximo: las cifras, reglamentos, normativas y medidas de contingencia.

Pero sus redes van más allá de la Nueva Mayoría y el gobierno. Blanco, por su pasado en Paz Ciudadana, donde trabajó como gerente de proyectos y terminó siendo directora ejecutiva, mantiene fuertes lazos en el mundo empresarial, especialmente con Bernardo Matte, a la sazón vicepresidente y tesorero de Paz Ciudadana. El empresario, cercano al senador RN Andrés Allamand, también ha sido un puente para que Blanco consiga tejer redes hacia la derecha política, con quienes mantiene fluidas relaciones gracias a su trabajo en el Congreso: Blanco fue clave para conseguir el respaldo de las filas opositoras en la aprobación en el Senado del nombre del propio Abbott como fiscal nacional, o para la agenda corta antidelincuencia, entre otras iniciativas.

Estos lazos, dicen en su entorno, serán clave para lo que viene: el interés de varios de diputados, entre ellos René Saffirio, de promover una acusación constitucional en su contra. Según los cálculos de parlamentarios oficialistas si bien el libelo podría salir aprobado de la Cámara, en el Senado será difícil que llegue a puerto pues la oposición no es mayoría en la Cámara Alta y Blanco cuenta con el respaldo de la mayoría de los senadores. Además, una acción de ese tipo se podría cruzar con un nombramiento de crucial importancia y que depende de su cartera y del Senado: el del próximo ministro de la Corte Suprema que reemplazará a Pedro Pierry. El tema es que se trata un cupo de sensibilidad de centroderecha, por lo que una acusación constitucional podría contaminar dicho proceso.

Hay otras versiones fuertes en La Moneda que indican que Blanco tendría sus días contados. En sus planes ya estaba abandonar el gobierno antes de noviembre para asumir una aventura parlamentaria, pero dicen en su entorno que ya habría descartado dicha opción. El día después de la interpelación será clave, pues se sabrá si el esperado cambio de gabinete que se viene anunciando hace meses dará un respiro al ahogado Ministerio de Justicia.