El ministro del Interior, Mario Fernández, dijo en horas de la mañana en radio ADN que resultaba peligroso que el Tribunal Constitucional (TC) declarara admisible el último requerimiento presentado por Chile Vamos, en contra del veto aprobado en el Parlamento. Para la oposición había desacato al fallo, pues dejaba en un vacío legal la opción de que un grupo negociador no afiliado al sindicato pudiese ejercer el derecho de iniciar una negociación colectiva, una vez que el mismo TC declarara inconstitucional la titularidad sindical.
Sin embargo, dicho recurso interpuesto por la oposición, ni siquiera pudo ser revisado en su fondo, pues el TC (en voto dividido con el desempate del presidente Carlos Carmona), entendió que el recurso estaba fuera de plazo. El proyecto fue despachado el 23 de junio y, según dice la Constitución, una interposición como ésta solo se podía hacer en un plazo máximo de cinco días tras el despacho, cuestión que no cumplía el recurso. Para Chile Vamos el plazo corría desde el 28 de junio, fecha en que el proyecto llegó al TC para su revisión ordinaria.
Con todo, ya con el camino legal despejado, el gobierno podría promulgar la tan esperada reforma laboral, aunque no como hubiese querido con titularidad sindical como su eje central. Pero algo, al menos, podrá mostrar, una vez que el TC termine la revisión final de todos los articulados. En el Ejecutivo había fe de que esta vez iban a tener una victoria, y ello porque para juicio de La Moneda era evidente que el recurso había sido ingresado fuera de plazo.
Con sonrisas en los rostros, los ministros del trabajo, Ximena Rincón, de Hacienda, Rodrigo Valdés acompañaron al vocero, Marcelo Díaz, quien hizo un llamado a la oposición a respetar el fallo y se mostró esperanzado en que pronto el texto podrá contar con la firma presidencial para su promulgación final: "Esperamos el pronto término de esta etapa, para proceder a la promulgación de la reforma laboral impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, con los avances que ella significa para los trabajadores y trabajadoras de Chile y para las relaciones laborales".
Pese a ello, en el gobierno hay claridad que tras esa promulgación vendrá una compleja etapa de implementación. Fuentes del Ejecutivo comentaron que ahora se abre una etapa de ajuste “sin que se pueda descartar una ley corta”. En ese plano la misma fuente explicó que “hay cosas que perfeccionar, principalmente relacionada a los grupos negociadores. Darles orden, establecer reglas mínimas de conformación en su número de trabajadores”.
Elementos que quedaron en un terreno difuso y que para muchos expertos puede abrir un abanico de judicialización de casos, en los cuales no se pueda establecer hasta dónde puede llegar o no un grupo negociador no afiliado a un sindicato. Por ello, en el gobierno ya han comenzado adelantarse a un escenario de desorden e incertidumbre que se puede producir una vez que la nueva ley de relaciones laborales entre en pleno funcionamiento. Nada está completamente terminado.
