“Esto es algo serio. Partiremos una conversación con todos los sectores: Presidentes de partidos, trabajadores, empresarios, mundo social, académicos y expertos. Hay que consensuar y acordar lo que se discutirá en el Parlamento. Es necesario construir ese acuerdo. No es posible entrar en un debate donde cada uno quiera imponer su criterio”. De esta forma la ministra del Trabajo Ximena Rincón dio inicio al proceso de diálogo que el gobierno pretende instaurar luego de presentar al país su propuesta para reformar el sistema de pensiones. No hay tiempo que perder, y este mismo miércoles los equipos de Presidencia comenzaron a trabajar y ordenar la agenda de la mandataria en vías de concretar a la brevedad las reuniones que se requieran con todos los sectores. Todo esto, para alcanzar el ansiado acuerdo nacional que Bachelet propuso al país luego de la cadena nacional. Y para que ello sea un éxito, en el gobierno procurarán que nadie quede afuera del debate.
En ese contexto, esta mañana la jefa de Estado insistió en la necesidad de este gran pacto nacional al abrir un encuentro en el Foro Anual de la Industria. Bachelet también destacó que todos estos cambios se piensan llevar a cabo bajo un contexto de plena responsabilidad fiscal.
Y en ese marco, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó detalles de la propuesta que —sin aún contar con plazos determinados—enviará el Ejecutivo al Parlamento. Y para ello expuso cifras y aclaró mitos. Dentro de lo primero, el jefe de las arcas fiscales estimó en US 1.500 millones el costo que tendrá para el fisco el aumento de las cotizaciones, cálculo que incluye un aumento del tope imponible de 50% que es parte de los ajustes paramétricos, detalló el secretario de Estado. Valdés reconoció que este gasto es alto, debido a que los costos de las mayores cotizaciones las hará el Estado en su rol de empleador, destacando que el Estado es uno de los más grandes prestadores de empleo.
Así también fue claro en aclarar que este aumento no es un impuesto de ningún tipo, como han salido a decir desde algunos sectores, pues los dineros serán de exclusividad para el sistema de seguridad social y no para otros fines, como es la esencia que debe tener un gravamen impositivo: “Un impuesto es algo que va hacia rentas generales y se gasta en lo que el Estado, de manera democrática, decida. Acá no estamos haciendo eso, estamos haciendo una contribución al sistema de seguridad social”, explicó Valdés.
Valdés resaltó que el foco de la reforma es volver hacia un sistema solidario tripartito, con aportes privados, de los trabajadores y del Estado y que para lograr eso se requiere un esfuerzo mayor de todos los actores. Destacó que dentro del comité de ministros (conformado también por Desarrollo Social, Mujer y Economía) se habló de dos tipos de solidaridad: la intergeneracional (brindada por actuales trabajadores hacia los actuales pensionados) y la intrageneracional (dada entre los actuales cotizantes, pero entre los que ganan más a los que ganan menos).
Así, La Moneda puso a todos sus equipos a trabajar de inmediato para abrir el debate sobre esta nueva reforma que se propuso al país. Dentro de los próximos días se espera que tanto la mandataria —quien será activa protagonista del proceso de diálogo— como los ministros se reúnan con el mundo político, social y empresarial, antes de que el proyecto sea enviado al Congreso. La idea es que este arribe a Valparaíso con el mayor grado de consenso posible.
