Al fiscal nacional Jorge Abbott no le gusta que los fiscales hablen. Le gusta que calculen sus movimientos y midan los efectos de sus decisiones. Así lo dijo con claridad el día que expuso ante la comisión de Constitución del Senado, alocución que fue clave para convencer a un grupo de dubitativos senadores de que él era el indicado para dirigir al Ministerio Público.
Dos frases resumen esto que es ley para Abbott:
“Algunas decisiones de parte de los fiscales generan efectos más allá de lo estrictamente procesal”.
“La prudencia de los fiscales la exigiré cuando sea fiscal nacional”.
Anoche sus palabras se hicieron carne. Y cumplió su promesa tras anunciar a través de un comunicado de prensa su decisión de sacar del caso Corpesca al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, además de iniciar una investigación sumaria en su contra por sus dichos vertidos en una entrevista publicada este lunes en el diario La Tercera.
En dicha entrevista, Arias adelantaba opiniones del caso y entregaba nutridos antecedentes: "Puede haber más casos como el de Orpis y más pesqueras que hayan hecho donaciones a políticos" dijo junto con afirmar que "la Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos (...) en consecuencia en el proceso de formación de la ley hay corrupción".
Estas palabras causaron profunda molestia en la Fiscalía Nacional. Según informan los matutinos, Abbott estuvo todo el día de ayer analizando con su equipo más cercano los pasos a seguir. Hasta que en la tarde del martes se comunicó la decisión de reasignar la causa Corpesca al fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, y dejar sin efecto la designación de Arias, apuntando explícitamente a los dichos del fiscal regional.
"La decisión fue adoptada tras las opiniones vertidas por Arias en una entrevista concedida al diario La Tercera, en la que habría infringido el deber de reserva, entregando, a través de dicho medio de comunicación, antecedentes del caso que se encuentra actualmente vigente", dice el escrito que además agrega: "actuando con escasa prudencia al hacer aseveraciones que exceden el ejercicio de su función como fiscal, refiriendo cuestionamientos políticos al trabajo legislativo que nada se relacionan con la función que constitucionalmente se le ha asignado".
Así las cosas, también se informó que el fiscal regional Andrés Montes sería el encargado de iniciar una investigación administrativa en contra de Arias. La decisión fue un golpe duro para Arias, quien según sus cercanos no descarta la opción de renunciar al Ministerio Público.
Con esta decisión Abbott revivió su doctrina más pura y fue leída internamente como una señal potente para los investigadores de que les exigirá aquello que comprometió: prudencia.
Y la aplicó luego de tener varios desencuentros con el fiscal Arias, pues este episodio no es el primero. Hay que recordar que Abbott designó a Arias como fiscal regional de O'Higgins hace menos de tres meses, luego de que el entonces fiscal regional Luis Toledo fuera reclutado en la Fiscalía Nacional como jefe de la Unidad de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Peligrosas. Pero hay en la designación de Arias un detalle que varios en el Ministerio Público sacan a relucir: Arias nunca fue cercano a Abbott, sino más bien forjó su carrera al alero del ex fiscal nacional, Sabas Chahuán. Algunos creen que su designación fue más bien un compromiso por el rol jugado por el ex jefe de la institución en la decisión de la presidenta Bachelet de inclinarse por el propio Abbott para sucederlo. Para nadie es un misterio que Chahuán jugó todas sus cartas en favor de dicho propósito, pues era considerado como su continuidad al frente de la institución.
Pero apenas estrenado en el cargo en O'Higgins, Arias instaló la polémica, también por una entrevista. Los primeros días de junio el fiscal regional fue a CNN Chile, donde dejó abierta la posibilidad de que su colega de la V Región, Pablo Gómez, supiera que existían los antecedentes que vinculaban al ex senador Pablo Longueira con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, los que apuntaban a intercambio de información sensible sobre la ley de royalty minero. Arias señaló que dicha información siempre estuvo en la carpeta SQM, pese a que Gómez abrió dicha indagatoria mucho tiempo después. Éste último optó por responderle de inmediato a través de su cuenta de Twitter, lo que se convirtió en una disputa pública inédita en la historia del Ministerio Público.
Este entrevero obligó al fiscal nacional a salir a poner paños fríos, sin dejar de advertir públicamente a sus subordinados de que no le gustaban "los debates públicos que a nada conducen". De hecho el tema fue discutido en una sesión del Consejo General de fiscales regionales, donde Abbott volvió a bajar la línea. Tras dicha jornada, el fiscal nacional asistió junto a ambos fiscales, además del fiscal regional oriente, Manuel Guerrra, a una sesión de fotos del diario La Segunda, mostrando la unidad de los fiscales que investigan las causas políticas.
Pese a estas señales, las cosas no quedaron tan bien entre el fiscal nacional y el jefe regional de O'Higgins, menos entre éste y su par de Valparaíso, quien, como es sabido, es mucho más hombre de confianza de Abbott.
De hecho, según fuentes de Qué Pasa ambos fiscales, Abbott y Gómez, se encuentran viajando esta tarde a Isla de Pascua, visita que si bien tenían programada con antelación, pues pertenece a la jurisdicción de este último, refleja el nivel de sintonía de ambos. Otra señal que fue percibida con fuerza este martes al interior del Ministerio Público es la señal de respaldo al fiscal Montes, jefe regional Centro Norte, quien en los últimos días había sido criticado por la oposición por su decisión de investigar los antecedentes del caso LAN revelados recientemente en Argentina y que podrían golpear al ex presidente Sebastián Piñera. Montes, si bien es apuntado por ser hijo del senador socialista Carlos Montes, ha cultivado un perfil que se amolda precisamente a lo que Abbott espera de los fiscales: alejado de las luces y las estridencias. El fiscal Montes además de instruir la causa sumaria contra Arias, tiene en sus manos el mandato para investigar todas las filtraciones que se han producido en la causas sobre financiamiento a la política que lleva el Ministerio Público y fue uno de los promotores en el Senado, a nombre de la institución, de las normas que fueron incluidas en la agenda corta antidelincuencia y que apuntaban a resguardar el secreto de las investigaciones.
De hecho, esta misma norma es la que invoca el propio Abbott en su comunicado para abrir un sumario administrativo contra Arias: “En consideración al énfasis normativo que ha introducido la Ley N° 20.931, conocida como Agenda Corta, que modificó el artículo 64 de dicha ley orgánica, y haciendo uso de sus facultades de control disciplinario, el fiscal nacional resolvió instruir una investigación administrativa en contra del fiscal regional Arias, la que será sustanciada por el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Andrés Montes”.
La doctrina Abbott está en marcha y habrá que ver cómo afectará el curso de las investigaciones que golpean al corazón de la política, y otras, donde, habitualmente, los fiscales son requeridos por los medios de comunicación y hablan abiertamente de sus acciones y pasos a seguir.