Tras una auditoría a la Municipalidad de Machalí, la Contraloría General de la República llegó a la conclusión de que sí hubo traspaso de información privilegiada a Caval, la empresa de Natalia Compagnon, nuera de la presidenta, sobre posibles cambios en el uso de suelo de la comuna.

De acuerdo a lo que consigna El Mercurio, el ente fiscalizador realizó una serie de observaciones al Municipio, por lo que el contralor Jorge Bermúdez ordenó iniciar un sumario administrativo contra quienes resulten responsables. El informe final con las conclusiones será enviado al Ministerio Público, ya que “dan cuenta de irregularidades que finalmente podrían constituir un delito”.

En línea con las investigaciones de la Fiscalía, según Contraloría la información privilegiada fue entregada Jorge Silva Menares, quien en ese entonces se desempeñaba como director de obras de la Municipalidad. A comienzos de este año, Silva  fue formalizado por presunto cohecho debido a los pagos por $ 55 millones que él y su esposa recibieron de parte de Juan Díaz, quien trabajaba con el síndico Herman Chadwick como gestor inmobiliario en la venta de los terrenos que compró Caval.

La auditoría también apunta a Cynthia Ross, sobrina del dueño de los terrenos y arquitecta que trabajó a honorarios para la Municipalidad. Al igual que Silva, Ross también fue formalizada por presunto cohecho por recibir pagos por $ 61 millones de pesos de parte de Díaz. Pero además, el órgano contralor denuncia que la arquitecta elaboró un informe de capacidad vial que no había sido encargado por el Municipio, lo que hubiese sido una vulneración de sus contratos de prestación de servicios.

De acuerdo a Contraloría, ambos funcionarios habrían transgredido tres artículos de la Constitución: el 8°, sobre probidad; el 52°, sobre la conducta intachable de los funcionarios públicos; y el 62°, por usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada.

Este último punto es especialmente importante, ya que ni Silva ni Ross han sido formalizados por ese delito. Esta mañana, el abogado querellante del caso, Mario Zumelzu, advirtió en Cooperativa que podría existir una reformalización de los imputados.