En sólo dos días, las dos acusaciones constitucionales que llevaron a la ministra Javiera Blanco a responder ante el parlamento por las crisis en el Sename y Gendarmería quedaron como si nunca hubiese pasado nada.

Tal como ocurrió ayer en el caso del Sename, esta tarde, con 69 votos, la Cámara de diputados votó a favor de la cuestión previa, declarando como no procedente la acusación constitucional que un grupo de diputados interpuso contra la ministra en agosto por las abultadas pensiones de Gendarmería.

El resultado de la votación fue congruente con lo que habían recomendado los diputados de la comisión especial encargada de revisar el libelo, que tras escuchar a una serie de abogados constitucionalistas concluyó en un informe que no se reunían los requisitos que exige la Carta Fundamental para seguir adelante con la acusación.

En términos prácticos, esto significa que ambos libelos acusatorios se entenderán como si nunca hubiesen sido presentados.
Para muchos, este resultado pudo haber sido una sorpresa dada la magnitud de los problemas en el ministerio de Justicia. Desde principios de julio, la máxima autoridad de la cartera había estado en el ojo del huracán, cuando de manera simultánea se desataron dos crisis inéditas en instituciones que dependen del ministerio.

Por un lado, el caso de la abultada pensión de Miriam Olate, la funcionaria de Gendamería y ex esposa del diputado de Osvaldo Andrade que estaba recibiendo una jubilación de más de cinco millones de pesos, sacó a la luz una situación que estaba ocurriendo de manera sistematizada en Gendarmería, pese a las advertencias de Contraloría y con el voto del Senado.

Al mismo tiempo, la muerte de una niña de 11 años en dependencias del Sename fue la puerta de entrada no sólo para volver a poner en el tapete la cruda realidad que viven los menores institucionalizados, sino para descubrir una verdad vergonzosa: nadie, ni siquiera el ministerio, tiene las cifras oficiales de cuántos niños han muerto en la última década a manos del servicio.

Con estos dos flancos abiertos, los meses siguientes la crisis en Justicia fue portada constante. La aprobación de la ministra batió récords negativos –19% de aprobación en la Adimark de agosto, el respaldo más bajo para un secretario de Estado en la historia de la encuesta–, se conformaron tres comisiones investigadoras y a comienzos de agosto se aprobó la interpelación de la ministra con 42 votos a favor no sólo de la derecha, sino también de diputados independientes como Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y René Saffirio, uno de los parlamentarios más críticos en cuanto a la situación del Sename.

¿Por qué fallaron las acusaciones entonces? Desde Chile Vamos la respuesta ha sido una sola: la Nueva Mayoría blindó a la ministra. Pero si bien es cierto que los parlamentarios del oficialismo votaron en bloque –como era de esperarse–, varias figuras del sector ya habían salido a cuestionar la manera en que se estaba utilizando la herramienta.

En una entrevista en Cooperativa, ex ministro de Salud de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, calificó el libelo como “una mala idea”, mientras que el ex ministro de Educación, Harald Beyer –quien fue destituido por una acusación constitucional–, escribió una carta a El Mercurio en defensa de Blanco.

“La acusación constitucional es un instrumento que el Parlamento debe utilizar en casos extremos, siempre que las autoridades del Estado se hayan alejado de principios fundamentales que se espera satisfagan con plenitud. Más allá de la evaluación que se pueda hacer de la gestión de la ministra Javiera Blanco me asiste el convencimiento de que ella no ha incumplido ninguno de esos principios”, dice Beyer en su carta.

Esta afirmación está en línea con los argumentos que presentaron los abogados defensores de la ministra, Jorge Correa Sutil (Sename) y Javier Couso (Gendarmería) en la cuestión previa.

Pese a que, como se trataba de dos acusaciones distintas, las defensas fueron separadas, los argumentos de ambos abogados para desechar el libelo fueron los mismos: los ilícitos que se le imputaban a Blanco eran confusos e imprecisos, carecían de pruebas o habían sido cometidos por terceros sobre los cuales la ministra no tiene competencia. Errores tanto de forma como de fondo que vulneraban el derecho al debido proceso, y que los abogados atribuyeron a la premura con que fueron presentados ambos libelos.

“Estas desprolijidades son compresibles por la premura. Lo que no es comprensible es la premura de estos parlamentarios de tirar una bomba atómica cuando todavía había comisiones investigadoras”, sostuvo durante la sesión de hoy Javier Couso.

De hecho, uno de los aspectos que más les jugó en contra a los parlamentarios que promovieron las acusaciones fue el hecho de que el trabajo de las comisiones investigadoras todavía no finaliza, por lo que no se han evacuado sus conclusiones.

Esto es un problema por dos razones. Por una parte, porque el resultado podría ser que se encuentren culpables, o bien, que la ministra está libre de cualquier responsabilidad. Esta dualidad terminó por convertirse en una ventaja para la defensa de Blanco.

Pero por sobre todo, porque impidió a los parlamentarios contar con pruebas suficientes que acreditaran los delitos que acusaban. Las comisiones que revisan las acusaciones constitucionales son muy distintas a las comisiones investigadoras, donde son invitados testigos a dar cuenta de su versión de los hechos, respondiendo preguntas y aportando antecedentes. A las comisiones revisoras, en cambio, sólo son invitados abogados constitucionalistas que revisan que se cumplan los requisitos en el ámbito legal.