“Cada día puede ser peor…”. La frase fue dicha por la presidenta Michelle Bachelet en septiembre de 2015 a Luis Jara en el matinal de Mega. Y las palabras, al menos en el Ministerio de Justicia, parecieron transformarse en una especie de profecía autocumplida. Así ha sido en los últimos meses con Gendarmería y las pensiones excesivas; el Sename y el drama por los 210 niños muertos que estaban bajo su sistema de protección en las diferentes casas de acogida y, en total, 1.313 personas que perdieron la vida contando el sistema completo (niños y adultos; internos y con cuidados ambulatorios; integrando a la cifra los decesos en el área penal adolescente). Y, en la última semana, el conflicto se trasladó al Registro Civil con los problemas generados con el padrón electoral. Una historia que no parece tener fin y que cobró la salida de la ministra de la cartera, Javiera Blanco, y que espera al nuevo secretario de Estado, el radical Jaime Campos, con una agenda en crisis constante.

Pero los hechos más mediatizados son, quizás, la punta de iceberg de un problema de funcionamiento más profundo. Al menos así queda demostrado con los datos revelados por un informe que hizo llegar el propio Ministerio de Justicia a la Cámara de Diputados y que entrega una serie de elementos relevantes a la hora del análisis. Entre ellos la cantidad de sumarios (que van desde maltratos y robos y llegan, incluso, hasta acoso y abuso sexual, además de tráfico de drogas) y licencias médicas en los principales y cuestionados tres organismos dependientes de la cartera. Y las cifras impactan. En total, son más de seis mil investigaciones administrativas y 169 mil licencias a las que tuvo acceso esta revista y que, en el análisis, representan una radiografía a la realidad de los servicios. Los antecedentes entregados en el documento, solicitado al ministerio luego de la interpelación a la, ahora, ex ministra Javiera Blanco, apuntan a que la enfermedad pudiera ser terminal o, al menos, no tener un pronto final.

“Esta es la señal clara del caos y la anarquía administrativa que se vive en los servicios que dependen de un Ministerio de Justicia, que ha estado paralizado durante los últimos años producto de la falta de liderazgo, el pago de favores políticos, la ausencia de una hoja de ruta para solucionar los problemas y la ceguera del gobierno para no hacer la reingeniería urgente que se necesitaba”, señala la diputada RN Marcela Sabat, quien estuvo a cargo de la interpelación que dio origen al informe. La parlamentaria apunta sus dardos directamente sobre la ex secretaria de Estado: “Aquí el error inexcusable es que la ex ministra Blanco sabía de cada una de estas anomalías y no hizo absolutamente nada, mientras el Ejecutivo seguía perdiendo tiempo, intentando blindarla, situación que luego se hizo insostenible”.
Así, en el documento, hecho llegar a la Cámara el 2 de septiembre de 2016 y que consta de 463 páginas, se tienen a la vista los principales síntomas de la crisis en el Sename, Gendarmería y Registro Civil. Además de eso, se entregan todos los antecedentes sobre el déficit de más de dos mil millones de pesos registrado en la Corporación de Asistencia Judicial, conflicto que desencadenó la salida del subsecretario de la Segegob, Osvaldo Soto, quien fue director del organismo en 2015, el año en que se materializó el problema.

A continuación, los detalles más relevantes del informe, que abarca desde el 2014 hasta el primer semestre de 2016.

Sename: maltratos y acoso sexual

“Cada vez es peor y ya no doy más”. Ese fue el último mensaje en Facebook de Miriam a fines de septiembre del año pasado. Al día siguiente de escribir el texto en la red social, según lo que informó la prensa con base en datos policiales, decidió estrangular a su hijo, Juan Pablo, de sólo cuatro años. Luego de eso, tomó una alta cantidad de medicamentos para, en principio, terminar con su vida. No lo logró, aunque estuvo a punto, y luego de recuperarse de la sobredosis fue formalizada por parricidio y se encuentra a la espera de un juicio que podría traerle una condena de más de 20 años.

Pero la familia pudo haber tenido una esperanza. Eso porque la madre, el pequeño y el resto de la familia estaban ingresados, por una resolución del Juzgado de Familia, al Programa de Prevención Focalizada Rodrigo Rojas de Negri de San Felipe para ser intervenidos social y medicamente. Pero algo salió mal, y saber qué fue es lo que trata de dilucidar el sumario abierto por el Sename el 7 de octubre del año pasado y que se encuentra rotulado como “falta de supervisión o control jerárquico”. La causa, que está en etapa de investigación, es una de las 857 indagatorias administrativas existentes desde el 2014 informadas en el oficio, con carácter de “reservado”, 271, por la directora nacional del organismo y ex fiscal del Ministerio Público, Solange Huerta.

El documento, que también detalla nivel el de escolaridad y profesiones de los funcionarios, revela que la mayor cantidad de investigaciones sumarias se dividen entre faltas a la probidad e irregularidades administrativas, las que llegan a 167 (19%); maltratos a los menores con 132 causas (15%) y acoso sexual o laboral con 76 indagatorias (9%). El resto se divide entre conductas de connotación sexual, falta de supervisión o negligencias.

De todas las indagaciones, gran parte de ellas se encuentran en etapa investigativa, y se han sobreseído o absuelto en 187 (21%) de ellas. Lo anterior no significa que el hecho investigado no haya ocurrido, sólo que no se determinaron responsabilidades. No en todas las causas cerradas y con sanción se especifica cuál fue el castigo o la multa. Y sólo en una de ellas se transparenta que el funcionario investigado fue destituido. Se trata de Adán Fuenzalida, de Graneros, quien habría subido fotos de jóvenes internos a Facebook.

El documento da cuenta que existen 57 causas judicializadas por actos funcionarios desde el 2010. El problema es que gran parte de ellas (41) fueron archivadas por el Ministerio Público.
Otro indicador que transparenta el informe hecho llegar a la Cámara son las licencias médicas. Los funcionarios del Sename han tramitado, desde enero de 2014 hasta junio de 2016, un total de 33.181 licencias médicas. La mayoría de ellas son por enfermedades o accidentes comunes (28.670) o accidentes ocurridos en el trabajo o en el trayecto (2.890). Las enfermedades profesionales, entre las que se cuentan las psicológicas generadas por la carga laboral, suman 273.

Alicia del Basto, dirigente de los funcionarios del Sename, señala que el tema de las licencias médicas ha sido histórico al interior de la institución. Agrega, además, que no hay cómo saber si las licencias son verdaderas o usadas maliciosamente para generar días de descanso pagados.
“Ha sido histórico y permanente en el sistema. El servicio nunca se ha preocupado de abordar el tema de las licencias médicas como corresponde. De preocuparse por los funcionarios. No hay políticas de autocuidado o de salud mental al interior de los centros. Cada uno se las tiene que arreglar como pueda”, explica y agrega que con el tema de las licencias se genera un ausentismo laboral que repercute, necesariamente, en el buen funcionamiento de los centros.

Registro Civil: el robo hormiga

Pese a que el último eslabón de la cadena que hizo caer a la ex ministra Javiera Blanco provino del Registro Civil, con el escandaloso desbarajuste del padrón electoral, el informe revela que la situación de crisis que vive este servicio va más allá de eso.

Los sumarios abiertos desde 2014 en el servicio, liderado hasta ahora por el cuestionado Luis Acevedo, alcanzan los 287. De ellos, llama la atención el alto porcentaje de investigaciones abiertas por robos en las distintas oficinas. En total son 90 investigaciones administrativas por este tipo de hechos, lo que representa un 31% del total de causas. Los montos sustraídos en general son pequeños, y algunas veces se refieren a especies como celulares o notebooks. El robo más grande en dinero es uno que se registró el 28 de agosto del año pasado y que alcanzó la suma de $1.288.270. El dinero faltaba de la recaudación del día de la oficina de La Granja y se encuentra en etapa indagatoria.

Llama la atención también que la mayoría de los sumarios se encuentran sobreseídos o absueltos. En total son 167 causas que están en esta condición desde 2014, lo que corresponde al 58% del total. Lo anterior, tal como en el caso del Sename, no quiere decir que la falta o el hecho no ocurriera, sino que, simplemente, no se logró acreditar responsabilidades administrativas.

Las destituciones por hechos investigados sólo llegan a cinco (1,7%) y entre las más sonadas se encuentra el caso de una funcionaria de San Felipe que en enero de 2015 se vio involucrada en una estafa por inscripciones automotrices que habría alcanzado los $200.000.000.

El resto de las indagatorias se desglosa en pérdida de documentos, errores en el llenado y entrega de certificados y accidentes en vehículos de la institución. El informe indica, además, que existen sólo tres sumarios abiertos por la mediática paralización del año 2015. Sólo hay una causa que se envió a la justicia para iniciar una investigación penal. Es del año 2013 y no entrega detalles sobre de qué se trata. Simplemente que se condenó.

Sobre las licencias médicas, en el Registro Civil se mantiene la tónica de un alto uso de este beneficio. Desde enero de 2014 hasta junio de 2016 se registran 19.848 licencias cursadas por funcionarios de esta repartición pública. La mayor parte de ellas son del Tipo 1, o sea, por enfermedades o accidentes comunes con 18.652. Le siguen las enfermedades relacionadas al embarazo con 251, y los accidentes ocurridos en el trabajo o camino a este con 228 casos. Las enfermedades profesionales (producidas por la labor desarrollda) tienen una baja incidencia en el registro, con sólo 26 licencias.
Consultado formalmente el Registro Civil, señalaron que toda solicitud respecto a este tipo de temas debía ser tramitada a través del Sistema de Transparencia.

Gendarmería: burocracia y muerte

Si bien este organismo es el que, probablemente, esté más expuesto y el que más funcionarios tiene (cerca de 20 mil), llama la atención la gran cantidad de sumarios administrativos que se han abierto a partir del 2014. La suma alcanza a los 5.142 y las razones van desde irregularidades administrativas hasta tráfico de drogas y tratos con presidiarios; pasando por otros hechos, como llegar borracho al turno o facilitar celulares a los internos. Pero también salta a la vista que, en la mayoría de ellos, las indagatorias no registran medidas disciplinarias o, derechamente, son absueltos. De hecho, el 54 % de estas indagatorias (2.759 causas) se encuentran en esta condición. En sólo 26 casos (0,5 %) se ha llegado a la destitución del investigado administrativamente.

Según Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Ansog, esto se debe al excesivo nivel de burocratización de la institución. Según él, hasta el más mínimo conflicto se resuelve con engorrosas investigaciones que, generalmente, no tienen mayor destino.

“Gendarmería usa mucho el recurso de los sumarios. Todo lo lleva a sumario, siendo que hay medidas intermedias de sanciones disciplinarias (como la nota de demérito) que no se usan. Hay un abuso del recurso y, por la función propia nuestra, estamos generalmente expuestos a situaciones que pueden ser objeto de reproches”, explica González, quien agrega: “A veces las jefaturas optan por esta prerrogativa e, insisto, es un abuso. Creemos que el sistema es arcaico”.

Las licencias médicas también son un factor complejo. En total, son 116.663 licencias médicas desde 2014. La mayoría de ellas (105.413) son por enfermedades comunes. Les siguen en número los accidentes en el trabajo o camino a este con 2.521. Las enfermedades profesionales (psicológicas o físicas) suman 529 licencias.

Según González, el alto número de licencias es un problema permanente en la institución y, tal como en las otras reparticiones, es prácticamente imposible saber si son verdaderas o falsas con el fin de ganar días de descanso por los turnos extenuantes y la presión laboral.

El dirigente, eso sí, agrega otro dato que, según él, es más revelador que lo que demuestran los números del informe. De acuerdo a los datos publicados en la página web de su organización (www.ansog.cl), en los últimos cinco años son 22 los gendarmes que se han suicidado al interior de las cárceles chilenas y otros 30 lo han intentado en los últimos dos años.

“Los suicidios son un indicador claro de que la institución está pasando por una crisis bastante grave, sumado al tema de los sumarios y las licencias. Los suicidios son un indicador bastante claro de que la institución está, prácticamente, en un despeñadero si es que las autoridades y el Estado no intervienen”, dice.

Desde Gendarmería no se refirieron al tema. Tampoco lo hicieron desde Justicia, donde el mismo día del cierre de esta edición, la crisis perpetua cobraba el cargo a la, ahora, ex ministra Javiera Blanco.