En un sótano de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, un grupo de jóvenes profesionales de distintas áreas de las ciencias sociales y humanidades trabaja concentradamente codificando las 256 mil ideas que se registraron en los Encuentros Locales (ELAS), y los cabildos provinciales y regionales de la fase participativa del proceso constituyente que instauró el gobierno el año pasado. Su sueldo es por frase sistematizada, por ello el ritmo de trabajo es intenso, casi sin detenciones y en algunas ocasiones alcanzando el día y la noche. Trescientas opiniones, en promedio, son las que codifican por día, en un diseño metodológico que se creó para cumplir con el inexorable mandato presidencial: que cada opinión de los participantes fuera recogida de forma fidedigna. El plazo para la entrega del informe final, que debe ser visto por el Comité de Sistematización y por el Consejo de Observadores (CCO) para la redacción de las bases ciudadanas, venció a fines de octubre.
Pero no hay prisa, ni desesperación por este retraso. Tanto en el gobierno como en el CCO esperan con expectación los fundamentos que plasmaron los chilenos en los encuentros y que resultaron ser más difíciles para procesar de lo esperado. El trabajo no debe dejar pie a la posibilidad de que existan reparos por su desprolijidad. Esa es la premisa de La Moneda.
El filósofo Claudio Fuentes Bravo es el director del Centro de Estudios de la Argumentación y el Razonamiento de la Facultad de Psicología de la UDP, y es quien lidera el equipo de 100 personas que trabajan en el análisis de fundamentos de los contenidos emanados de los encuentros y cabildos. El objetivo de estos profesionales es que cada frase tenga una estructura gramatical estándar para que pueda ser procesada de forma irrestrictamente descriptiva, con el fin de que no exista ningún juicio interpretativo en el informe final de las bases ciudadanas. Para ello, mediante un programa computacional, se codifican las oraciones, clasificándolas en tres categorías: propositivas, valorativas y fácticas.
Trescientas opiniones, en promedio, son las que logran codificar por día, en un diseño metodológico que se creó exclusivamente para cumplir con el inexorable mandato presidencial: que cada opinión de los participantes fuera recogida de forma fidedigna.
Luego de una larga búsqueda que hizo la Secretaría General de la Presidencia para encontrar el método que pudiese garantizar los objetivos trazados por la Presidenta, se llegó a la propuesta de Fuentes. Una opción que tenía sus riesgos, pues no se contaba con experiencia empírica. Pero no había otro camino, porque no existía ningún método comparado que se pudiese utilizar tanto nacional como internacionalmente. Desde la Segpres explican que este método los convenció, pues garantizaba la fidelidad de lo expresado por los ciudadanos que participaron del proceso y, además, porque abarcaba el universo de esas opiniones. En el gobierno no querían que las conclusiones del contenido fueran sólo una muestra. Debían estar todas las ideas sobre la mesa. Y eso había que hacerlo de forma sistematizada y ordenada.
Fuentes comenta que finalmente resultó este método mixto que podría bautizarse (porque no existe un nombre predeterminado) como morfosintáctico intencional. El profesional da un ejemplo sobre cómo se hace estacodificación de las oraciones.
—Que el Congreso sea unicameral— es una idea que aparece en las actas de alguno de los encuentros. Dicha frase se estandariza para darle una forma de oración, explica.
—El Congreso debe ser unicameral— queda como resultado tras la codificación y se categoriza dentro del conjunto de frases propositivas, grafica el académico.
El producto final es un reporte por cada concepto que aparece en alguno de los cuatro ejes con los cuales se dividieron los debates de los diferentes encuentros: derechos, deberes, instituciones y valores. La próxima semana la UDP debería entregar el 53% de avance que corresponde a las siete primeras prioridades que expuso la gente. Mientras que a fin de mes se entregaría el resto.
Los sistematizadores
Rodrigo Márquez (doctor en Sociología), María Cristina Escudero (doctora en Ciencias Políticas) e Ignacio Irarrázaval (doctor en Política Social) forman parte del comité de sistematizadores. El organismo se formó en paralelo al CCO y tiene como principal objetivo brindar el soporte técnico y metodológico para el proceso de análisis, tanto cuantitativo (que ya terminó y cuyos resultados son públicos) como cualitativo, el cual está en pleno desarrollo. Largos y debatidos cónclaves, a veces pasando de largo en alguna oficina del PNUD donde trabaja Márquez, han marcado una tarea que consiste en revisar cada paso en este proceso de análisis. “Se supervisa cada eslabón del trabajo, se revisa la base de datos una y otra vez, para ver si hay o no consistencia y se analiza la codificación. Tomamos del todo una muestra y volvemos a procesar”, explica Escudero.
Márquez comenta que la misión de velar por el correcto desarrollo metodológico se transformó en un gran desafío, por dos motivos centrales: la incertidumbre del nivel de participación, y el volumen de información que emanó del proceso, y que por el mandato debía ser considerado en su totalidad. En torno a algunas críticas que han emanado desde diversos sectores, sobre lo acotado de los plazos para realizar este análisis, desde el comité estiman que siempre puede haber más tiempo para hacer un trabajo, pero que se han ceñido sin problemas a lo pactado. “El trabajo va estar bien hecho, nosotros nos tomamos el tiempo que se nos dio, y vimos qué hacer con esos plazos. Como en todos los trabajos, uno se adecua para realizarlo”, dice Escudero.
En la instancia creen que es fundamental esta etapa para resguardar que en las bases ciudadanas esté reflejado el sentir de la ciudadanía. Por ello, asumen esta tarea de forma diferente a la que tendría cualquier investigación académica. “El espacio que se dio a personas de a pie para intercambiar una visión de país, para una posible nueva Constitución, es algo muy positivo. Ha sido desafiante entender lo que piensa la gente más allá de una encuesta, que son rápidas de procesar, y que marcan tendencias; pero acá se puede profundizar sobre lo que la gente piensa”, reflexiona Irarrázaval, más allá de lo estrictamente técnico sobre su rol en este proceso.
Los observadores
Quizás el Consejo Ciudadano de Observadores sea el eslabón más conocido, el más político y el que ha tenido más discrepancias en su desarrollo, que incluyó la renuncia de uno de sus miembros José Miguel García. Pero todo se mantuvo bajo control, pues un éxodo masivo de la oposición efectivamente sí podría haber significado un quiebre difícil de reparar, comentan desde el gobierno.
El presidente de la instancia, Patricio Zapata, recuerda los momentos más difíciles que ha tenido este año de trabajo a cargo de fiscalizar el correcto desempeño de la etapa participativa. “Hubo un momento difícil con la oposición cuando se criticó muy severamente la manera en que se seleccionó a los facilitadores. Poder responder que no había sido una selección mañosa no fue fácil. El otro momento fueron las dudas sobre el alcance de nuestras competencias. Según el decreto, no sólo íbamos a observar, sino también a participar de las bases ciudadanas. Es como cuando un árbitro llega al minuto 88 y abandona el partido. Hubo una cierta duda con el Ejecutivo”, comenta el abogado.
En torno al estado actual, otro miembro del CCO explica que ciertamente ha existido un retraso del cronograma original de octubre; que se está avanzando, pero lentamente. A su juicio, ello se debió a que el gobierno no tomó en cuenta la magnitud del trabajo que había que llevar adelante. Sin embargo, dentro del CCO y el gobierno hay confianza en que el trabajo de la UDP cumple con los estándares metodológicos suficientes para la difícil misión encargada.
El Comité de Sistematizadores y el Consejo de Observadores, además, deberán considerar otros informes que les llegarán, como uno elaborado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que tomó una muestra para hacer un análisis del ítem “derechos”. Un texto que también puede ser usado como un insumo, y que no debiese toparse con el trabajo de la UDP, asegura el presidente del Consejo, evitando generar una polémica sobre los trascendidos en torno a que habría más de un informe oficial, lo que podría confundir las conclusiones.
Zapata también pone calma respecto al no cumplimiento de los plazos. “No es grave que haya ciertos retrasos. En la página web ya hay resultados, se puede acceder a todos los reportes. Hay que asegurar que se cubrió todo lo que se dijo en los encuentros, fielmente”, dice. El constitucionalista agrega que la trascendencia de esta etapa era poder ver las expectativas de la ciudadanía, para ahora entrar a la etapa de la discusión.
En esta nueva fase está latente la duda sobre qué pasos seguirá el gobierno, tomando en cuenta el mal clima político reinante y la discusión sobre las prioridades, donde la reforma constitucional no aparece precisamente como una de ellas. “No tengo idea cuáles son los planes, ni la estrategia de la presidenta cuando reciba el informe. No sé cuál será el camino para reformar el capítulo 15° de la Constitución que permitirá hacer los cambios”, dice Zapata en torno a los caminos que ahora se abren.
Desde La Moneda aseguran que es normal que se haya bajado la intensidad mediática, pero que ello no significa —bajo ningún punto de vista—que la presidenta quiera bajar esta promesa de campaña, afirma una fuente de Palacio. Para ello, el gobierno tiene preparado un hito más para este año: la entrega de las bases ciudadanas, que se acompañará de la inauguración de una exposición sobre la etapa participativa en la Plaza de la Constitución. El proceso seguirá su curso normal, asegura la misma fuente.
