Si la reforma a la educación superior no se aprueba en este gobierno “sería terrible”. La apocalíptica frase es de autoría del ministro Nicolás Eyzaguirre y fue emitida en el cónclave oficialista realizado la semana pasada en La Moneda y que tenía como objetivo definir las prioridades legislativas para 2017. Si bien no hubo discrepancias en que la nueva ley de educación superior debía estar en la lista, las diferencias existentes dentro de la misma Nueva Mayoría asoman de inmediato. Y no son de detalles; algunas apuntan al corazón del proyecto. Estas pasan, esencialmente, por el rol del Estado y la libertad de enseñanza, tópicos en donde chocan miradas entre la izquierda y la Democracia Cristiana. Además, las distancias crecen a la hora de ver qué universidades recibirán los aportes del Estado. Por ahora, todo se solucionó por glosa, pero eso con la ley debiese cambiar.
Tal realidad ya fue asumida en el gobierno. Pese a ello, jugarán sus cartas para dar cumplimiento a uno de los pilares del programa que elaboró Michelle Bachelet bajo las consignas de las demandas del movimiento estudiantil de 2011, que exigió un cambio de paradigma en el sistema educativo. Para la presidenta —y pese a todo el viento en contra— el nuevo sistema de educación superior sigue siendo un deseado anhelo.
"Creo que llegar a esos acuerdos me parece importante. Lo que no me gusta es que esos acuerdos sean gatillados con amenazas", afirma la ministra de Educación, Adriana Delpiano, en torno a la opción de volver a acordar con la derecha en la ley de educación superior.
“Esta reforma se ha transformado en un deseo culposo”. Con esta ironía, un dirigente oficialista intenta expresar el estado que vive actualmente la ley de educación superior. En el oficialismo nadie sabe muy bien qué cambios ingresará el Ministerio de Educación al proyecto que entró a la comisión del área el 12 de julio, y que hasta la fecha ha sesionado en 25 ocasiones, recibiendo a 67 expositores que han debatido los detalles de las 170 páginas de la iniciativa.
Aún no se define cómo ni cuándo el gobierno expondrá las indicaciones a un proyecto que —hasta ahora— convence a muy pocos. Allí se corre el primer peligro en esta dura batalla: que el texto sea rechazado en general. Un riesgo que a juicio del presidente de la comisión, el diputado radical Alberto Robles, está latente: “En enero podríamos estar tramitando en particular, sólo en el caso que haya acuerdos, pues en el caso contrario no me queda claro que podamos votar y terminarlo antes de que acabe el año legislativo. Se corre el riesgo que no pase la votación en general, y eso me parece muy poco prudente”. El problema radica en que el gobierno pretende entregar las indicaciones una vez que se haya votado el texto general, cuestión que no convence a gran parte de la instancia, pues estarían votando un documento en blanco. La próxima semana los rectores de las universidades del Consejo de Rectores de Chile (CRUCh) asistirán a la comisión para debatir junto al Mineduc los detalles de un informe que las autoridades universitarias entregaron al gobierno con una propuesta sobre los cambios. Para Robles este será el primer tratamiento para sacar de la “UTI” al proyecto, pues su discusión se está alargando, sin plazos ni rumbo.
Desde la derecha apuntan más dardos a la discusión. Descontando que la gran mayoría del sector está en contra del principio de gratuidad universal, alertan sobre las consecuencias que ya está teniendo dicha extensión del beneficio al 50% de la población más vulnerable.
El diputado de Evópoli, Felipe Kast, cree que “algunas universidades que se sumaron a la gratuidad vía glosa ya han sufrido mucho este año”, y menciona como ejemplos a la Diego Portales y la Alberto Hurtado. Por ello estima que la sensación ambiente para la discusión en el Congreso se proyecta derechamente mala.
Lo ideológico
Pese a que el mítico concepto de la retroexcavadora creado por el senador Jaime Quintana, se ocupó para referirse a todas las reformas con el sentido de acabar con todo el sistema instaurado en los gobiernos de la Concertación (económico, político, tributario y laboral) su origen fue pensado en una sola dirección: la reforma educacional. Su autor se ha encargado de precisarlo en varias ocasiones. Tras la aprobación de la glosa de educación —que amplió el beneficio de la gratuidad a los planteles privados, CFT e Institutos sin fines de lucro, y que se hizo con la venia de la derecha—, Quintana se mostró decepcionado. “No se puede legislar en base a la amenaza de los conservadores de recurrir al Tribunal Constitucional, pues estamos cometiendo el error del que muchas veces fuimos testigos en los gobiernos de la Concertación. No estoy disponible para volver a repetir esa historia”, fue lo que el parlamentario expresó al gobierno por medio de una carta que les envió a los ministros de Hacienda, Educación y Segpres.
Su crítica es el fiel reflejo de las divisiones que alcanzan a la reforma y que se materializan al interior de la Nueva Mayoría, porque a juicio del senador PPD, este proyecto muestra que el sistema sigue intacto, sin los cambios profundos que se prometieron al mantener —en gran medida— el sistema de subsidio a la demanda sin discriminar universidades, atentando contra uno de los pilares de la reforma que era la gratuidad en aportes directos (basales) a las universidades. En el oficialismo saben que estas diferencias son de fondo y más bien ideológicas y que no será fácil encontrar los puntos en común.
La ministra Adriana Delpiano reconoce estas distancias, aunque —continuando la línea de la presidenta— confía en que al final de la historia (es decir al término del gobierno) se habrá cumplido con la palabra empeñada en la campaña de instaurar una nueva ley que regule el sistema de educación superior. Delpiano dice a Qué Pasa que es necesario aclarar que el sistema seguirá conviviendo entre privadas y estatales con aportes del Estado para ambos y que es justamente el debate de fondo que aún no se logra zanjar dentro del mismo oficialismo: “A la gente le cuesta interiorizar (la reforma) —porque ha habido muchos años de desregularización—, que el sistema es mixto y no se va a eliminar. Puedes fortalecer las estatales, las del CRUCh y las que tienen vocación pública más algunas otras; pero el sistema es mixto y van a convivir ambos”, dijo.
Más allá de la gratuidad universal que, según lo expuesto por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el día que se dio a conocer el proyecto, dependerá de factores económicos por ahora no resueltos, el gran nudo será qué universidades o planteles tendrán el mayor aporte directo del Estado, más allá de las becas o créditos que seguirán existiendo. En varios sectores la DC apuestan por seguir privilegiando la libertad de enseñanza, mientras que otros como el PC insistirán en el derecho a la educación con control estatal. Allí los puntos parecen insalvables.
El diputado DC Matías Walker enfatiza que la DC tiene que defender la libre elección de un proyecto educativo: “El Estado tiene responsabilidad respecto a sus propias universidades, sobre todo en regiones, pero en la DC vamos a defender la libertad de enseñanza acompañada de la calidad y que los estudiantes vulnerables no resulten discriminados”, comentó.
Pese a estas notorias distancias ideológicas, a la ministra le queda la sensación —tras los últimos encuentros sostenidos con la NM— de que al final del pedregoso camino se llegará a una salida: “Hay que ponerle fuerza, para darle el mayor empuje. Hay buenos síntomas. En la reunión con el equipo político se determinaron prioridades, eso no es menor. Y la postura que tomó la Nueva Mayoría por apoyar la glosa, es valorable, pese a que muchos no les gustaba”, afirma. Ahí aparece un nuevo factor a considerar: lograr un gran acuerdo nacional.
Sin amenazas
Uno de los puntos al que Quintana aludió en su carta fue el de las amenazas de la derecha por acudir, al igual que el año pasado, al TC, instancia que falló a favor del recurso presentado por Chile Vamos y que obligó al gobierno a modificar la glosa para no discriminar entre estudiantes.
Por ello, y pese al alivio que significó para Delpiano que luego de trasnochadas negociaciones en el Parlamento se firmara un acuerdo con la oposición, al día siguiente quedó una suerte de resaca por haber cedido ante lo que ella también denomina como amenaza. Pese a que en el fuero interno el gobierno quiere lograr el mayor acuerdo posible para la aprobación de la nueva ley, las condiciones deberían ser distintas: “Creo que llegar a esos acuerdos me parece importante. Lo que no me gusta es que sean gatillados con amenazas. En carrera docente fuimos capaces de ponernos de acuerdo con la derecha. En la glosa también, pero estábamos con la amenaza del TC. Si tú me dices que nos vamos a sentar y ver lo mejor, es óptimo. También en nuestro sector hay gente que claudicará principios”, sentencia Delpiano.
En La Moneda buscarán ese acuerdo para garantizar que la reforma no sea barrida por un siguiente gobierno de derecha. Pero esperan que ello no signifique hipotecar la esencia de lo planteado en el programa; un programa que, asegura, pese a todas las diferencias ideológicas fue firmado por toda la Nueva Mayoría. Sin excepción.
