En los últimos días hemos experimentado un crecimiento de las actitudes xenófobas y la expresión de un discurso en contra de los inmigrantes, asociándolos con la delincuencia, la ilegalidad, la prostitución y los malos hábitos. El debate se hizo explosivo gracias a las desafortunadas declaraciones emitidas por algunos personeros políticos. Ninguna de ellas tiene asidero en la realidad. Muy por el contrario, reflejan temores infundados, discursos importados desde otras latitudes del continente y prejuicios basados en el desconocimiento. Las más graves, desconocen principios fundamentales de derechos humanos como la presunción de inocencia, el debido proceso, el interés superior del niño y la reunificación familiar.
Chile sigue siendo un país en donde el porcentaje de migrantes es muy bajo (2,8%), mientras que en la mayoría de los países de la OCDE esta cifra supera el 10% de la población y en países vecinos supera el 4%. Por su parte, la tasa de incidencia en delincuencia es también menor para las personas migrantes. Sólo el 1,9% de los condenados al año 2015 eran extranjeros. En este punto, tanto nacionales como extranjeros deben ser sancionados conforme a las normas penales que correspondan y que se encuentran vigentes. El hecho de ser extranjero no es un agravante en la comisión de delitos y todas las personas tienen derecho a un juicio justo, a un debido proceso y a la igualdad ante la ley, sin importar su nacionalidad.
El hecho de ser extranjero no es un agravante en la comisión de delitos y todas las personas tienen derecho a un juicio justo, a un debido proceso y a la igualdad ante la ley, sin importar su nacionalidad.
Por otra parte, la irregularidad migratoria no puede ser entendida como un delito. Quienes ven en la migración una oportunidad para mejorar sus vidas y las de sus familias no eligen por voluntad propia permanecer en esa situación, sino que ésta se produce porque no logran cumplir con los requisitos impuestos para optar a una residencia. Es evidente que la irregularidad no le hace bien a quienes deben vivirla, pues se ven expuestos a círculos de pobreza, abusos, informalidad en el trabajo, etc, así como tampoco le hace bien al país. Sin embargo, el camino para terminar con ella no es la expulsión, que trae aparejada el quiebre de vínculos familiares, el desarraigo y la pérdida de todo lo construido, sino la búsqueda de sistemas que permitan a quienes legítimamente lo buscan, obtener un permiso que les habilite para vivir y trabajar en el país.
Contrariamente a lo que sostienen algunos, el aumento de las restricciones a la migración y el endurecimiento de los requisitos para migrar no han demostrado ser mecanismos eficaces en ninguna región del planeta para controlar los movimientos de población. Como se observa a diario en diferentes lugares del mundo y en Chile, lo único que se consigue con ello es alimentar el crecimiento de las redes de tráfico de personas y las muertes de cientos de miles de ellas, incluyendo mujeres, niños y niñas. Las políticas de migración no funcionan como una válvula que se puede cerrar o abrir según la voluntad del momento.
Más allá de las discusiones políticas y los compromisos asumidos por diferentes gobiernos, lo cierto es que aún no contamos con una ley de migraciones que responda a las necesidades del contexto y que se adecúe a los estándares internacionales de derechos humanos con los que Chile se ha obligado. El compromiso de la presidenta Bachelet tras su reunión con el mandatario peruano es alentador. Sin embargo, una política migratoria no empieza ni termina con una ley. Durante este gobierno se han profundizado y se ha avanzado en reformas estructurales que habían sido demandadas por las organizaciones sociales y académicas por años.
Chile necesita una política migratoria integral y con mirada de largo plazo. Ello supone normas y políticas con enfoque de derechos humanos; un trabajo de articulación intersectorial, implica la aplicación de una perspectiva intercultural en las intervenciones sociales y educativas y requiere de una autoridad empoderada capaz de gestionar la visión del Estado sobre la migración. Tenemos la oportunidad de convertirnos en un país modelo de buenas prácticas en materia de inclusión y protección de los derechos de los migrantes. Que no nos gane la burocracia ni los prejuicios.
