El 27 de enero, la defensa de Pablo Longueira recibió del tribunal de garantía los antecedentes que tuvo en cuenta el fiscal Pablo Gómez —que investiga al ex senador por presuntos delitos tributarios y cohecho— para allanar su casa y oficina, tres días antes.

Su abogado, Alejandro Espinoza, decidió pedir que la Fiscalía detallara los argumentos en que fundó esta medida, que les causó honda molestia y varios reclamos... los que mantienen hasta hoy.

Gómez había asegurado a la prensa que el allanamiento se fundamentó en la existencia de un informe “reservado” de la PDI recibido el 29 de diciembre, que tenía “un profundo contenido” y “alta importancia para el desarrollo de la investigación”. Sin embargo, el documento que llegó desde el tribunal a manos de Espinoza consigna como antecedentes una serie de informes policiales realizados entre abril y julio de 2016, además de las declaraciones del ex ministro Cristián Larroulet, de la ex jefa de gabinete Carmen Luz Valdivielso y de la cuñada de ésta, Ana Carolina Palacios, todos fechados en marzo de ese mismo año. Por último, agrega la declaración de la abogada Carolina Fuensalida Merino, realizada en diciembre. No aparece el informe de la PDI que esgrimió Gómez, lo que acrecienta esta sensación de molestia que transmite el abogado.

—¿El fiscal mintió entonces?
—Evidentemente su declaración ante la prensa no se ajustó a la versión oficial del Ministerio Público ante el tribunal.

El allanamiento se realizó días después de que se filtrara que el Ministerio Público exploraba llegar a un acuerdo con Longueira para acceder a un juicio abreviado, acuerdo que su defensa rechazó.

Oriundo de Concepción, el abogado lleva casi tres años en Santiago, donde fundó el estudio Espinoza & Heskia, ubicado en un moderno edificio en la esquina de Américo Vespucio con Alonso de Córdova. En unos meses, el equipo tendrá que mudarse a una oficina más grande, unos pisos más arriba. Desde que aterrizó en la capital, al profesional de la Universidad de Concepción le han llovido los casos, asumiendo varios de los más mediáticos de este año. Espinoza —ex militante UDI pero considerado un abogado “transversal”— ha defendido, entre otros, al director de la radio Bio-Bio, Tomás Moschiatti, en la querella por injurias en su contra interpuesta por Sebastián Dávalos.

En las causas que se investigan por financiamiento político, específicamente en la arista SQM, además de Longueira, defiende al senador ex PS Fulvio Rossi y al administrador electoral de ME-O Cristián Warner.

"El senador Rossi ha sido objeto de una persecución política descarnada por parte del Partido Comunista, que en la práctica es un pauteo a los fiscales"

Espinoza alega que en algunas de estas investigaciones hay un “sesgo evidente”, y apunta a la influencia del Partido Comunista en ello.
Además, advierte una serie de “actuaciones abusivas” del Ministerio Público, ante las cuales pide modificar las normas legales que regulan su funcionamiento, “para que esté sujeto a ciertos contrapesos”.

—Ud. tiene a su cargo tres causas que se relacionan con SQM. ¿Ve alguna coincidencia, tanto en el origen como en el tratamiento que ha tenido el Ministerio Público?
—Está muy bien que se investigue cualquier denuncia de corrupción que pese sobre una persona que ha detentado un cargo público. La probidad es un activo que tenemos que cuidar. Y tan importante como eso es que quienes están a cargo de la investigación lo hagan de forma objetiva y con el mismo celo que hacia otras personas en situaciones similares. Yo diría que más del 90% de la política en Chile se financió de la misma manera, y veo a fiscales que investigan con un celo y con gran despliegue de recursos a algunas personas, mientras respecto de otras no realizan absolutamente ninguna diligencia y se apresuran en encontrar justificaciones para no investigar o dar calidad de testigo y hacer vista gorda respecto de esa conducta.

—¿Se refiere a Carolina Tohá, Jorge Insunza?
—No voy a entrar en casos concretos, pero es público y notorio que hay personas que han sido denunciadas o mencionadas por exactamente las mismas conductas.

—¿Qué razón ve para eso?
—Me da la impresión de que hay un sesgo evidente en las investigaciones.

—¿Un sesgo político?
—No voy a calificar, pero evidentemente hay un sesgo respecto de algunos investigados.

—Ud. ve el caso de un UDI (Longueira) y un socialista (Rossi). ¿Hay un trato distinto entre ellos?
—No voy a entrar en calificativos, pero respecto de quienes represento ha habido cientos de diligencias... incluido el caso del senador Rossi, que ha sido objeto de una persecución política descarnada por parte del Partido Comunista, que en la práctica es un pauteo a los fiscales. A él no se le ha levantado una imputación y lo han mantenido con los mismos antecedentes de hace dos años. Y respecto de otras personas no hay ninguna investigación. Eso llama la atención.

—¿Está diciendo que el PC pautea a los fiscales?
—Cuando digo “sesgo”, veamos quiénes son los querellantes en estas causas. Y son el PC o Ciudadano Inteligente. En el caso del senador Rossi, hay una clara disputa política en la zona por la cual él es senador y los querellantes son sus rivales (el diputado Hugo Gutiérrez). En las causas de SQM, en general es el PC el que está detrás como querellante. En el caso de Ciudadano Inteligente, en la última audiencia se denunció que sus abogados tienen vínculos con una empresa minera competidora de SQM.

—Ahora, una cosa son los querellantes, que pueden ser del PC, y otra cosa es la actuación de los fiscales.
—Bueno, analice quiénes son los investigados y formalizados en esta causa y vea de qué sector político son.

—Esto puede sonar a victimización.
—Yo pregunto: ¿Respecto de qué otro imputado han decretado el allanamiento de la casa? Es un ejemplo... y justo después de que comunicáramos públicamente que no estábamos disponibles para un acuerdo con la Fiscalía.

—También hay presión de la opinión pública hacia el trabajo de los fiscales.
—Lo que ha pasado con estas investigaciones es extremadamente grave, porque algunos fiscales las han transformado en un verdadero show mediático, tuiteando, dando conferencias de prensa, paseándose por medios de comunicación, opinando sobre las investigaciones que ellos llevan y otras materias. El artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que los fiscales deberán “abstenerse de emitir opiniones acerca de las investigaciones a su cargo y dar a conocer los antecedentes de la misma”. Esta norma, que es incumplida en forma flagrante, también la tienen los jueces, pero ellos la cumplen rigurosamente. ¿Por qué la incumplen los fiscales? Porque en la práctica es imposible reclamar contra las violaciones que hacen de la ley. El sistema de reclamo contra los actos abusivos de los fiscales en Chile no funciona porque lo resuelven ellos mismos, no pueden inmiscuirse los jueces y prácticamente el 100% de los casos son desechados.

Si a una persona la formalizan abusivamente y después de 2 años el fiscal decide no perseverar, uno no puede reclamar. Sólo se puede al final de la investigación, en el juicio oral, si es que el fiscal decide acusar. Y entre medio, eventualmente, una solicitud de sobreseimiento. Por otra parte, si un fiscal no quiere investigar a una persona, no realiza diligencias y no la formaliza, tampoco se puede reclamar. Y el procedimiento que existe no funciona.

De manera que hay personas (los fiscales) que son inamovibles por 8 años, que no tienen procedimiento de reclamo y que han transformado estos procedimientos en secreto. Es urgente modificar las normas legales que regulan el funcionamiento de los fiscales, no para inhibir sus funciones, sino porque es natural que toda autoridad que tenga este poder esté sujeta a ciertos contrapesos. Cuando los fiscales y quienes se dedican a perseguir delitos con facultades potentes no respetan la ley, estamos ante una situación peligrosa.

—En el caso del allanamiento a la casa de Longueira, uds. recurrieron después al tribunal para pedir los antecedentes. ¿Eso no es precisamente una forma de reclamar por una actuación del fiscal?
—Pero el daño ya está hecho. Se concretó mediante una actuación secreta de los fiscales, así que no pudimos hacer valer nuestros argumentos. En la forma como hoy se regulan muchas de las actuaciones de los fiscales, están ocupando abusivamente instrumentos que están pensados para otro tipo de investigación. Por ejemplo, anuncian que van a investigar un delito por lavado de activos, incluso sin haber una denuncia. Esto les da una serie de facultades legales extraordinarias que usan, pero después no acusan por ese delito. Eso se dio concretamente con defendidos míos que eran senadores, que se inició una investigación de lavado de activos por una denuncia del PC sin antecedentes. Si algunos fiscales ocupan normas para sólo usar mecanismos extraordinarios, sabiendo que no van a acusar por ese delito, se debiera poder reclamar judicialmente por esos abusos.

—¿Ha tenido ocasión de plantear esto al fiscal Gómez o al fiscal nacional Jorge Abbott en algún momento?
—A todos ellos.

—¿Y qué le han respondido?
—Me reservo esa respuesta.

—¿Cuál es el riesgo de que los fiscales actúen así?
—El riesgo en esto es que los fiscales tengan un rol que exceda completamente a lo fijado por la ley. No pueden existir funcionarios públicos que se crean fuera de la ley. Esperaría que, respecto de ellos, se tomen las medidas pertinentes. Hay que cuidar la legitimidad del sistema. Lo que no puede pasar es que, por conductas impropias de algunos, se cuestione la objetividad de las investigaciones.

—¿Ha habido un cambio desde que asumió Abbott en reemplazo de Sabas Chahuán?
—Me da la impresión que no. La situación se mantiene igual y ha ido agravándose. Todos los días vemos a fiscales tuiteando sobre política, normas legales y atribuciones de otros funcionarios públicos. Si quieren intervenir en la vida política, cambiar las leyes, que renuncien, se presenten de candidatos al Congreso y se dediquen a la política.

—¿A quiénes se refiere?
—Todos los conocemos. Es cosa de revisar Twitter y la prensa todas las semanas.

“La fiscalía no puede dar trato similar a casos diferentes”

—Si los costos son tan altos, ¿por qué rechazaron la opción de llegar a un acuerdo con la Fiscalía e ir a un juicio abreviado para Longueira?
—Los costos del rechazo a esa posibilidad son enfrentarse a todo el aparato del Estado, frente a fiscales que tienen un poder, de acuerdo a la ley, muy difícil de contrarrestar. Pero tomando en cuenta ello, Pablo Longueira decidió demostrar su inocencia en un juicio.

"Vemos a fiscales tuiteando sobre política, normas legales, atribuciones de otros funcionarios... Si quieren intervenir en la vida política y cambiar las leyes, que renuncien y se presenten de candidatos al Congreso"

—¿Por qué a la Fiscalía le interesaría llegar a un acuerdo con ustedes?
—Eso habría que preguntárselo a la Fiscalía, pero creo que la acusación de cohecho, después de un año y medio de investigación, no se sostiene porque requiere que se le haya pagado a un funcionario público para realizar un acto propio de su cargo. Eso, en este caso, no se ha podido acreditar porque sencillamente no es verdad.

—¿Por qué delito evaluaba reformalizar la Fiscalía al ex senador cuando se les planteó la posibilidad de un acuerdo?
—Me reservo las conversaciones o eventuales ofrecimientos que pueden haber hecho los fiscales.

—¿Qué tan amarrado está el caso de Longueira respecto de investigaciones similares que están llevando otros fiscales como, por ejemplo, el de Jaime Orpis?
—No me voy a pronunciar sobre la investigación que se lleva contra Orpis o contra el ex ministro Insunza, u otros. En el caso de Longueira no hay conexión entre pagos y actos funcionarios. La Fiscalía no puede dar tratamiento similar, por razones políticas u otras, a casos que tienen hechos completamente diferentes.

—De haber llegado a un acuerdo, ¿se presionaba a estos fiscales a llegar a la misma salida en otras causas de cohecho?
—No veo que los fiscales que llevan la investigación contra el ex ministro Insunza estén en aprietos porque en otra causa se tome una u otra decisión. Respecto de él, ni siquiera han decidido formalizar. Cada fiscal toma sus decisiones y tendrán poderosas razones para no formalizar en ese caso y sí hacerlo en otros.

—Para probar el delito de cohecho se debe acreditar que las platas de SQM llegaron a cuentas personales de Longueira. ¿Justificaron en qué se usó el dinero que SQM dio a sus fundaciones?
—El 100% de los dineros que fueron entregados a las fundaciones de Longueira entre 2006 y 2015 —recibían un aporte mensual de 5 millones en forma regular— se ocuparon en sus fines sociales y no se desvió ningún peso a actividades políticas, ni al patrimonio personal o de familiares suyos. Estos dineros, además, no tienen nada que ver con los actos funcionarios que se le imputan, que son de 2010-2011. Esa afirmación efectuada en la formalización, que estas platas se habrían ocupado para la política, es derechamente falsa.

—¿Por qué el Depto. de Justicia de EE.UU. establece como “pago indebido” la entrega de recursos de SQM a una fundación relacionada con una hija del ex senador Longueira?
—Ese caso concreto es el único correo de Longueira solicitando un aporte a SQM. Era para una fundación de la Universidad Católica que realizó, entiendo, trabajos de verano. Pero eso no tiene nada que ver con la política. Es el correo de un amigo que le pide a otro ayuda para una causa social. No tiene nada que ver con pagos indebidos, ni con política ni con corrupción. Es francamente absurdo que con esto se sostenga que la autoridad de EE.UU. haya establecido que ahí hay un acto de corrupción. Pero esto tiene que ser valorado por un tribunal en Chile.