A las cinco de la tarde del viernes 4 de agosto, un grupo de quince abogados ingresó al piso 18 del edificio ubicado en Apoquindo 3000.

La convocatoria —una más de las que realiza continuamente el ex presidente Sebastián Piñera— tuvo un carácter especialmente homogéneo: se trató sólo de constitucionalistas, en su mayoría profesores universitarios que pertenecen al equipo programático del candidato de Chile Vamos.

Entre ellos, se contó a Alberto Naudon, Héctor Mery, Angélica Benavides, Germán Concha, Máximo Pavez,

Miguel Ángel Fernández y Ángela Vivanco. También acudió Gonzalo Blumel y Francisco López, investigador de Libertad y Desarrollo (LyD), quien oficia de secretario de la comisión que lidera el abogado y profesor de la UC Sebastián Soto.

Se trató de la segunda reunión que estos profesionales  sostienen en las oficinas de Las Condes. Dos semanas antes, el grupo se reunió en el lugar con el ex ministro de la Segpres Cristián Larroulet, quien encabeza el macrogrupo de desarrollo institucional junto con el ex contralor Ramiro Mendoza.

Ambas citas tuvieron un mismo objetivo: la discusión y concreción de una propuesta de reforma constitucional para incorporar en el programa de gobierno del ex mandatario.

En una columna, en mayo de 2016, Piñera planteó la necesidad de “modernizar el actual régimen presidencial para lograr un mejor equilibrio entre las funciones de los distintos poderes del Estado, robusteciendo las atribuciones del rol del Congreso”.

Aunque no es un tema fuerte de su campaña, Piñera mandató al grupo a debatir y entregar una propuesta escrita, incluso en su articulado, antes de la primera vuelta de noviembre. El énfasis de ésta, afirma una alta fuente de su equipo político, estaría no en llevar a cabo “una nueva” Carta Magna, sino una serie de modificaciones que apunten a “modernizar la democracia”. Se trataría de una “evolución constitucional”.

En la reunión del 4 de agosto, Soto le presentó a Piñera una minuta de avance. El ex presidente “la encontró muy general”, recuerda uno de los presentes, y pidió mayor precisión para una próxima cita. Al igual que el resto de las comisiones que trabajan en su programa de gobierno, el plan definitivo debe ser entregado en septiembre.

Varios miembros del equipo afirman que el corazón de la propuesta en desarrollo es “darle viabilidad a un sistema político en el que, por la eliminación del binominal, el presidente no va a tener mayoría parlamentaria”, dice uno de ellos. En ese sentido, el núcleo de la proposición sería llegar a un presidencialismo moderado, al otorgar más atribuciones al Congreso para que ejerza como contrapeso real a las decisiones del mandatario. Y, por otro lado, facilitar la colaboración entre ambos poderes del Estado.

Además, se incluirán cambios al Tribunal Constitucional, al tratamiento de los derechos sociales y un énfasis en la descentralización.

Sin embargo, la discusión aún no cuaja. En parte, por las distintas visiones que existen dentro del equipo jurídico en diversas materias. Pero también porque no hay acuerdo respecto de la oportunidad en que la serie de modificaciones debería ser presentada. En el eje político de la campaña, la discusión está abierta sobre la conveniencia o no de hacerlo en octubre, una vez que la Presidenta Michelle Bachelet presente su esperado proyecto de una nueva Constitución.

El tema, asegura uno de los abogados participantes, no será punta de lanza de la carrera a noviembre. “Con esto Piñera no está pensando en la campaña, sino en el gobierno”, subraya.

 

División ante el proceso constituyente

Se trata de una discusión particular, si se toma en cuenta que la mayoría de la coalición opositora no apoyó el Proceso Constituyente que se inició en abril de 2015. Aunque la entonces contendora de Bachelet, la ex ministra Evelyn Matthei, presentó una serie de cambios a la Carta Fundamental durante la campaña, lo cierto es que fue producto más bien del impulso que la presidenta dio al tema.

El proceso, de hecho, ocasionó una división en la oposición. Así, mientras la UDI aseguró que “Chile no necesita una nueva Constitución”, RN realizó una breve propuesta que presentó al ministro del Interior de entonces, Jorge Burgos. Evópoli y liberales del sector, por su parte, se plegaron al proceso —rostros de ello fueron Hernán Larraín Matte y Gastón Gómez, que participaron en el Consejo Ciudadano de Observadores—, aunque no apoyaron  la realización de una asamblea constituyente.

Aun así, el 2016 Chile Vamos optó por hacer una propuesta consensuada, sumándose al debate.

En el intertanto, Piñera se reunió periódicamente con un grupo de cuatro constitucionalistas, con el objetivo de estar preparado para el debate que se abría.

Aunque durante su gobierno Piñera nunca planteó la necesidad de hacer un cambio, en abril de 2015, en el lanzamiento de un libro en LyD que reunió a 25 expertos, afirmó: “Chile tiene una Constitución que nos divide”.

Los integrantes del petit comité fueron Gómez, abogado ex militante RN; José Francisco García, ex coordinador de Políticas Públicas de LyD y militante de Evópoli; el ex embajador Arturo Fermandois; y Miguel Ángel Fernández, quien defendió el requerimiento de Chile Vamos ante el TC por el aborto en 3 causales. Varios de ellos trabajaron en iniciativas que entonces llevaron adelante otras personas o instituciones sobre el tema, como el Centro de Estudios Públicos (CEP) y Ricardo Lagos.

Aunque durante su gobierno Piñera nunca planteó la necesidad de hacer un cambio, en abril de 2015, en el lanzamiento de un libro en LyD que reunió a 25 expertos, afirmó: “Chile tiene una Constitución que nos divide”, según recogió la prensa de la época.

En la primera reunión que se sostuvo con Larroulet, quienes más defienden a la Constitución del 80 —como Máximo Pavez, de la Fundación Jaime Guzmán— le preguntaron al ex ministro si Piñera tenía dudas de su legitimidad. “Él se incomodó, pero dijo que no tiene problemas ni tiene aspiraciones refundacionales”, asevera uno de ellos.

 

Régimen político

Desde que en 2012 RN y la DC propusieron una reforma al sistema político —en la que apostaron por un semipresidencialismo, con un primer ministro—, la discusión sobre este régimen ha estado muy presente en la centroderecha. Quienes lo han enarbolado han estado siempre en el polo liberal de la coalición.

Abierto el Proceso Constituyente por parte de Bachelet, RN incluyó “avanzar hacia un sistema semipresidencial” en la propuesta que realizó en 2015. El senador Andrés Allamand es uno de sus principales impulsores: en mayo de este año, presentó un proyecto en esta línea junto a sus pares Andrés Zaldívar (DC), Hernán Larraín (UDI), Felipe Harboe (PPD) y Carlos Montes (PS).

En mayo de 2016, Chile Vamos dio a conocer una propuesta de 80 modificaciones, insumo base del trabajo actual.  “Estamos abiertos a cambios al régimen político, como sería, por ejemplo, instaurar un régimen semipresidencial en el que conviva la figura del presidente con la de un primer ministro elegido por la mayoría parlamentaria”, señala el documento.

Piñera mismo se ha referido al tema dos veces en los últimos dos años. En una columna que publicó en mayo de 2016 planteó que “modernizar el actual régimen presidencial para lograr un mejor equilibrio entre las funciones de los distintos poderes del Estado, robusteciendo las atribuciones del rol del Congreso” es una de las “principales reformas que, en mi opinión, debieran modernizar y perfeccionar nuestra Constitución”. Dos meses después, en el Centro de Estudios Públicos (CEP), afirmó que es partidario de un “presidencialismo con moderaciones”.

Este es el corazón de la propuesta piñerista. En el equipo que lidera Soto —quien fue jefe de la División Jurídica de la Segpres y es descrito como conservador en esta materia— se descarta proponer un cambio profundo al sistema político. Más bien se inclinan por quitarle al Ejecutivo la preeminencia en la agenda legislativa. Entre las opciones se plantea disminuir las materias que son iniciativa exclusiva del presidente, otorgar al Congreso la capacidad de calificar las urgencias, y bajar los quórum en algunas normas. También incluir mecanismos a través de los cuales el Parlamento monitoree y/o opine sobre la firma de tratados internacionales.

En cuanto al Ejecutivo, se estudia la posibilidad de nombrar a un jefe de gabinete de confianza del presidente como ordenador del equipo de gobierno, y que el mandatario ostente la figura de árbitro entre el primero y el Congreso. “Y así evitar que esté para la patada y el combo”, puntualiza un abogado.

En la oposición, aseguran en el equipo, se llegó al convencimiento de que tras la caída del binominal hay que entregar nuevas herramientas que permitan una mayor colaboración entre el presidente y el Parlamento. “Hay que tratar de darle viabilidad a un sistema político en el que el presidente ya no va a tener mayoría. Intentamos morigerar el poder del presidente y aumentar el del Congreso”, afirma un profesional. Otro destaca que “en este nuevo escenario, antes había que llegar a acuerdo con la oposición, ahora no más. El Congreso también va a ser parte de esta sociedad líquida, donde van a predominar los temas transversales. La Constitución debe ser reflejo de eso”.

En el plano político, hay acuerdo respecto de establecer un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, manteniendo el concepto de unidad nacional. En el CEP, Piñera defendió un “estado unitario y descentralizado”, por lo que no habría piso para incluir los conceptos de pluri o multiculturalidad. Tampoco lo hay, se afirma, para incorporar cuotas parlamentarias indígenas.

 

Cambio al TC

“Hay que fortalecer la justicia constitucional”, afirmó el ex mandatario ante el CEP. “Podemos discutir si debe ser preventiva o represiva, automática o a requerimiento. Pero para que la Constitución se respete, es absolutamente fundamental que exista una justicia constitucional”, dijo.

Tanto en el núcleo más cercano a Piñera como entre los profesionales que integran la comisión constitucional de su candidatura hay consenso respecto de realizar un cambio a la forma de nombrar a los ministros del TC. Ello recobró relevancia tras el rechazo de esta institución al requerimiento de Chile Vamos contra el proyecto de ley de despenalización del aborto en tres causales.

La fórmula iría por dejar a sus integrantes en un número impar —se cerraría en 5— para evitar el voto dirimente del presidente. Se propondrá utilizar el mismo mecanismo de nombramiento de los abogados externos de la Corte Suprema: la quina la propone esta última, el presidente elige y el Senado ratifica. El fin, eliminar el origen político de sus miembros para fortalecer a la institución ante cuestionamientos públicos. Lo que no estaría en revisión, sostienen dos miembros de la comisión piñerista, es el control preventivo que realiza el TC. El ex presidente también ha apoyado establecer un estatuto de autonomía constitucional de algunos órganos del Estado, como el propio TC, la Contraloría, el Banco Central y la justicia eElectoral. Ello también lo planteó el documento de Chile Vamos sobre el tema.

 

Discrepancias por un plebiscito

Dos conceptos concentran, quizás, los mayores desacuerdos en el equipo constitucional. El primero se trata de la discusión de si elevar el principio de “Estado solidario”

—cuyo principal impulsor es el senador RN Alberto Espina— al nivel de “Estado subsidiario”, tradicionalmente priorizado por la centroderecha. Ello significa darle una mayor relevancia al Estado. Aunque la propuesta de Chile Vamos incluyó el tema, entre los más conservadores del grupo piñerista se plantea que su incorporación al trabajo de Chile Vamos fue “un gol del PRI”: gran parte de sus participantes no son partidarios de recoger el concepto.

Pero el punto que más divergencia produce es la necesidad o no de realizar un plebiscito ratificatorio de los cambios a la Carta Fundamental. Nuevamente, los abogados más conservadores plantearon, en una reunión previa a la sostenida con Piñera, la duda de “presentar una votación como una forma de eliminar su vicio de origen”. “Este es un tema de fondo”, afirma un constitucionalista. “¿Es posible con este hito ciudadano terminar con las dudas sobre la Constitución? Nosotros no creemos que debamos secundar esa tesis”.

En lo que hay unanimidad, como es de esperar, es en que la discusión se dé a través de mecanismos institucionales y de la democracia representativa. “El Congreso es el lugar natural donde se debe debatir”, dice un abogado, cerrando la puerta a otras vías de reforma.