Fue el martes 11 de marzo de 2014. Ese día, el mismo en que Michelle Bachelet se instaló por segunda vez en La Moneda, el Ministerio de Hacienda nombró a Michel Jorratt como director del Servicio de Impuestos Internos (SII) y a Gonzalo Pereira como director del Servicio Nacional de Aduanas.

“Por la relevancia del rol que tendrán estas instituciones en la Reforma Tributaria, en ambos casos la presidenta decidió nombrar directivos de su confianza”, señaló el comunicado emitido por Teatinos 120. Así debieron salir, por razones políticas, dos funcionarios que habían llegado a las respectivas direcciones a través de la Alta Dirección Pública (ADP).

Estos casos no fueron los únicos conocidos durante los primeros seis meses de este gobierno, pero sí quizás los que más ruido generaron.

La instalación de un gobierno conlleva una inevitable tensión por el recambio de los equipos que son de confianza. Desde que se implementó el sistema de la ADP en 2004, la cesación de los cargos ha ido en aumento con los sucesivos mandatarios.

Según un informe del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), en 2006, cuando asumió Bachelet, había 14 cargos jerárquicos (de primer nivel) nombrados gracias a este sistema. A los seis meses solo había sido desvinculado uno de ellos. En 2010, Sebastián Piñera sacó a 46 cargos jerárquicos (de primer nivel) de los 73 que estaban en ejercicio (63%). Los primeros seis meses de 2014, con Bachelet, fue despedido el mayor número: un 82% de quienes habían sido nombrados por ADP (68 de un total de 83).

El gobierno que entre en marzo próximo contará con nuevas reglas: en octubre de 2016 se promulgó un importante cambio a la ley de la ADP, que fortaleció a quienes han llegado a un cargo a través de este mecanismo. Modificaciones que ya tienen en cuenta los equipos de los principales candidatos a la Presidencia, Alejandro Guillier y Sebastián Piñera, y que añadirán dificultad a la instalación.

 

Los cargos que entran

Prácticamente por unanimidad se aprobó en 2016 el proyecto que perfeccionó el sistema de ADP. El gobierno de Piñera había enviado una iniciativa que iba en la misma línea, el que fue archivado en mayo de 2014. Dos años y medio después, como parte de la Agenda de Probidad y Transparencia, se discutió la ley 20.955, que introduce nuevas variantes para quien se instale en La Moneda en 2018.

De partida, se incorporaron siete relevantes cargos de primer nivel al sistema, lo que hará que estos sumen 119 para el próximo año. Se trata de la Oficina de Políticas Agrarias (Odepa), el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y la Dirección del Trabajo.

“Un nuevo gobierno se enfrentará a ciertas tensiones para armar equipos si es que quiere cambiar a muchos cargos adscritos al sistema”, dice Rodrigo Egaña, director del Servicio Civil.

Son todos organismos que no sólo manejan millonarios presupuestos —el máximo es el de Fonasa, de más de US$ 11 mil millones—, sino que son políticamente relevantes, están en crisis o son claves para una próxima administración. Es el caso de la Conadi, que maneja la relación con los pueblos indígenas y el cuestionado fondo de tierras. O del Sename, que sufrirá una drástica modificación de aprobarse alguno de los proyectos de ley en trámite. O bien de la Dirección del Trabajo, cuyo arbitrio es necesario para definir los servicios mínimos de las empresas antes del inicio de la negociación colectiva.

El mandatario que asuma en 2018 deberá nombrar a los jefes de estos servicios y evaluar qué hará con los 112 restantes. De estos, según cifras de LyD, 100 tienen profesionales titulares a la cabeza nombrados por ADP, 7 son subrogantes y 5 ingresaron como provisionales y transitorios tras superar el concurso público.

 

Fin de los provisorios

“Un nuevo gobierno se enfrentará a ciertas tensiones para armar equipos si es que quiere cambiar a mucha gente en cargos que están adscritos al sistema”, afirma Rodrigo Egaña, director nacional del Servicio Civil.

La ley eliminó la figura del provisional y transitorio (PyT), la principal modificación. Esta permitía que, tras pedir la renuncia al directivo en ejercicio, el presidente de turno nominara a alguien de su confianza, con experiencia en el servicio o sin ella. Posteriormente, éste podía concursar a través del sistema de ADP. “Se daba que ellos se quedaban con el cargo: corrían con ventaja porque ya conocían el servicio que dirigían”, explica Bettina Horst, consejera ADP.

El gobierno que asuma en 2018 podrá pedir la renuncia de los directivos que quiera —eso, que es sustantivo, se mantiene—, pero asumirá el cargo el subrogante legal, o bien un cargo de segundo nivel que haya sido nominado a través de concurso público previo. Es decir, se termina la nominación de personas externas hecha 100% por razones políticas. Quien ejerza el cargo de forma definitiva sólo podrá ser nominado a través de un nuevo concurso, pero puede ser removido por motivos de confianza política.

“Esto es un elemento que al futuro gobierno lo hará evaluar qué le conviene más: pedir la renuncia al titular, que incluye indemnización, o mantenerlo. Además, se une a otro elemento: el Servicio Civil no tiene capacidad infinita de hacer procesos de selección en paralelo”, agrega Egaña.

Según afirma, actualmente se pueden hacer alrededor de 450 concursos al año. De estos, unos cien serán tramitados a partir de enero para llenar vacantes en cargos de segundo nivel que el consejo, por la proximidad de las elecciones, decidió postergar.

A estos se les deberán agregar los reemplazantes de quienes la nueva autoridad pida la renuncia. “No se van a poder hacer simultáneamente todos los cambios. El consejo, que hace los concursos para primer nivel, tiene una capacidad finita: calculamos que puede generar 12 procesos por mes, que son 3 por semana, lo que es bastante intenso. Si un gobierno empieza a llamar a concurso en abril, tendríamos los primeros procesos de entrevistas en la segunda quincena de mayo o primera de junio”, advierte Egaña.

Eso sí, la nueva legislación le otorgó una “válvula de escape” al presidente entrante: durante los tres primeros meses de su mandato podrá nombrar hasta 12 cargos de primer nivel a dedo, sin necesidad de pasar por concurso.

Por otra parte, se instauró que ocho meses antes de una elección no se harán concursos para el reemplazo de una vacante. “La conducta de los postulantes cambia según el gobierno que haya. Por eso tiene sentido esta norma”, agrega Horst.

 

La apuesta de los comandos

El 19 de octubre, los representantes de Carolina Goic (Alejandro Ferreiro), Beatriz Sánchez (Javiera Toro), Sebastián Piñera (Ramiro Mendoza) y Alejandro Guillier (Osvaldo Rosales) participaron del panel Alta Dirección Pública y sus proyecciones en el próximo período presidencial, organizado por el Consejo de ADP y el Servicio Civil.
En los comandos de los dos últimos presidenciables —quienes tienen mayores chances de ganar en diciembre— están conscientes de este ingrediente que se agregó a la ya difícil tarea de instalar un gobierno. En la ocasión, Rosales sostuvo que es crucial un Servicio Civil profesionalizado, al que se ingrese por concurso, se ascienda por mérito y en el que se limiten los cargos de confianza.

En el caso del ex presidente, éste tiene en su poder una minuta que LyD hizo llegar a su equipo más cercano. Pero el ex contralor Mendoza resta dramatismo a los cambios. “Las tensiones son más aparentes que reales, porque no cambia mucho la remoción de la condición de confianza exclusiva, aunque tengan la condición de ADP”, afirma. “Ahora la remoción debe ser informada pero no está prohibida”, agrega. En la presentación de octubre, Mendoza defendió el expandir la ADP a todos los servicios en su primer y segundo nivel, salvo excepciones; potenciar la gestión de los altos directivos, y que la remoción sea por no cumplimiento de convenios de desempeño.