27 de marzo de 2013. Michelle Bachelet, en un encuentro con mujeres en El Bosque, confirmaba lo que era un supuesto desde que dejó La Moneda: volvería a postular a la presidencia. En paralelo, con un recelo extremo, su círculo de hierro instalado primero en la Fundación Dialoga y más tarde en la sede del comando en Barrio Italia, elaboraba las bases del programa, conformaba equipos y comenzaba a convocar a cuentagotas a las figuras de la naciente Nueva Mayoría. Comenzaba así su segundo camino a La Moneda, una carrera corrida donde superó sin contratiempos una primaria y dos vueltas presidenciales. Todo, con los partidos en segundo plano, con la primera vez de la DC y el PC bajo un mismo techo, y con la promesa de hacer las reformas que la ciudadanía pedía: Tributaria, Constitución y Educación. La era del “Chile de todos”.

 

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El mismo hermetismo de la campaña se impuso en la conformación del primer gabinete, con un relativo equilibrio entre los partidos del oficialismo pero con la preeminencia de tres figuras del núcleo más íntimo de la Presidenta: Alberto Arenas (PS) en Hacienda, Rodrigo Peñailillo (PPD) en Interior y Nicolás Eyzaguirre (PPD) en Educación. En el caso de los subsecretarios, no todos pasaron la prueba: Claudia Peirano (Educación), Hugo Lara (Agricultura), Miguel Moreno (Bienes Nacionales) y Carolina Echeverría (FF.AA.), por diversos conflictos de interés, se vieron forzados a renunciar. No fue un arranque auspicioso.

La primera tarea del Gobierno fue sacar adelante la Reforma Tributaria, que en el papel permitiría financiar los compromisos más ambiciosos del programa. Pero, a pesar de tener mayoría en la Cámara y en el Senado, la dispersión de un bloque que nunca mantuvo el orden -siempre en disputa entre la retroexcavadora de Jaime Quintana y los matices de Ignacio Walker- obligó a Arenas a salir a buscar un entendimiento más amplio. A principios de julio, el oficialismo firmó un acuerdo con la oposición que no dejaría a todos contentos. El ala progresista de la Nueva Mayoría, el principal soporte de Arenas y Peñailillo, desató las primeras dudas sobre la eficiencia de la dupla.

La factura técnica de la reforma contribuyó a las voces que decían que el economista PS quizá no era el mejor nombre para el puesto.

Meses más tarde, la aparición del caso Caval, la investigación por un supuesto tráfico de influencias que habría ejercido el hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compagnon a través de la empresa Caval, empezaron a destruir poco a poco la aprobación de Bachelet. Meses más tarde, la multiplicación de casos de financiamiento irregular de la política, que afectó transversalmente a oficialismo y oposición, se demoró poco tiempo en impactar al círculo cercano de Bachelet. Los supuestos trabajos a la empresa Asesorías y Negocios SpA, propiedad del ex recaudador Giorgio Martelli, que en realidad habrían ayudado a solventar una campaña que siempre corrió con el viento a favor, terminaron por quebrar todas las confianzas en el oficialismo. La caída de Rodrigo Peñailillo -vinculado a la arista SQM- representó el fracaso del hermético diseño impuesto por Bachelet y su círculo que prescindió de los partidos, y al mismo tiempo, apuntaló a los dirigentes moderados de la NM que ya no solamente pedían un cambio de nombres, sino también de rumbo.

Se conformó la comisión Engel, con representantes de distintos sectores de la sociedad y que propuso una batería de medidas de Transparencia. Aún faltaban, sin embargo, las responsabilidades políticas.

 

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El 8 de mayo de 2015, en un programa de televisión conducido por Don Francisco, Bachelet anunció -sorpresivamente- que le había pedido la renuncia a todo el gabinete, y que en 72 horas decidiría quién se quedaba y quién se iba. Tres días después, además de Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas, Ximena Rincón (Segpres), María Fernanda Villegas (Desarrollo Social) y Álvaro Elizalde (Segegob), dejaron el paso al protagonismo de dos figuras que marcarían el segundo tiempo del Gobierno: Jorge Burgos en Interior y Rodrigo Valdés en Hacienda. Comenzaba la era del “Realismo sin renuncia”, motivado por la estrechez económica.

Bachelet reunió a su nuevo equipo -ahora con Eyzaguirre, su último lugarteniente, en la Segpres- en el estadio del BancoEstado y confirmó que había que darle gradualidad a los compromisos del programa. “Sin crecimiento no hay reformas sustentables”, dijo, anticipando que no todas las reformas estructurales llegarían a ver la luz.

El problema es que las dos almas de la NM entendieron cosas distintas respecto a la gradualidad: mientras los moderados hablaban de “realismo”, los progresistas defendían el “sin renuncia”. Las grietas en la coalición eran cada vez más visibles. Bachelet, entonces, se enfocó en reforzar los pilares de su legado y dejó en manos de un comité político dividido (Burgos y Valdés versus Eyzaguirre y el vocero Marcelo Díaz) el rumbo de la segunda etapa y la coordinación de una coalición cada vez más dispersa.

Bachelet y Burgos nunca congeniaron. La desconexión quedó al descubierto a fines de 2015, cuando la Presidenta viajó a la Araucanía sin incluirlo en la comitiva. El entonces ministro pidió una reunión urgente con la Mandataria y puso en suspenso su permanencia en el gabinete. Seis meses después, argumentando “motivos personales”, el ex diputado dejó su puesto en manos de Mario Fernández. Duró poco más de un año.

En un matinal, y haciendo alusión a la serie de acontecimientos que habían ocurrido durante su gobierno -no tan sólo políticos- Bachelet confesó que había acuñado una frase para ella misma: “Cada día puede ser peor”. Ese año, sin embargo, no todo fue malo. El Gobierno logró la aprobación de la reforma al binominal, abrió el proceso de cambio de la Constitución -que finalmente no se materializó en un proyecto- y avanzó en la agenda de Transparencia. Más tarde lograría que los chilenos fuera del país pudieran votar.

 

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Desde 2016 en adelante, La Moneda pasó a concentrar sus esfuerzos en concretar su legado con una ambiciosa agenda de propuestas de corte social. Si su primer gobierno se enfocó en la protección social; su segunda administración tendrá el sello del resguardo de los derechos sociales. Su mayor reforma: los cambios en Educación.

El oficialismo profundizó su desorden, que terminó con la dolorosa derrota en la elección municipal. Sin hacer demasiado, la oposición demostró que el triunfo presidencial estaba a la vuelta de la esquina. Por la izquierda, comenzaba a emerger el Frente Amplio que daba el zarpazo en Valparaíso. Las principales figuras del oficialismo hablaban de un golpe que estaba “indisolublemente ligado” a la trayectoria del Ejecutivo. La Moneda, en tanto, pedía “dejar atrás” los personalismos. Fue el comienzo del fin en el poder.

Emergía por esos días la candidatura de Ricardo Lagos, que terminaría meses después fuera de combate ante el ascenso de Alejandro Guillier y la falta de apoyo del PS. Mientras tanto, la DC comenzaba a delinear el camino propio ante los ojos de una coalición que optó por aislar a la falange en la elección parlamentaria. La Moneda ya no tenía control de su coalición y se dedicó a avanzar lo más rápido posible en su agenda.

Pero faltaba un sismo más en el gobierno. Diferencias por el rechazo del proyecto minero-portuario Dominga desataron la inédita renuncia de los ministros económicos Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes.

Si bien el Gobierno avanzó en múltiples áreas tal como en 2009, no pudo retener el poder. Perdió la elección presidencial, perdió terreno en el Parlamento y por estos días asiste al fin de la Nueva Mayoría. Aún falta por ver la implementación y la evaluación, a ojos de la historia, de las reformas estructurales de la segunda administración de Bachelet, que empezó con un altísimo apoyo ciudadano y la expectativa de transformaciones que poco a poco se diluyeron.