Tuvieron que pasar varios años para que el gobierno chileno se convenciera de que la demanda por una salida soberana al mar interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) en 2013 no sólo se resolvería en el terreno de lo estrictamente jurídico, sino que la batalla también había que darla en el plano político e histórico. Y hoy más que nunca el debate se ha centrado en esas áreas, teniendo incluso Chile que explicar ante los 18 jueces del tribunal que nuestro país no es un tan mal vecino como se cree. Así, el caso judicial que se debía enfocar en que si todas las ofertas hechas por Chile a Bolivia en los últimos 100 años para darle una solución a su mediterraneidad son fuente de derecho o no, excedió con creces esa sola discusión.
Desde el 2013 y hasta el 2014 la tesis de Chile era no entrar en el debate mediático y centrar todo en lo jurídico. En julio de 2014 la presidenta Michelle Bachelet decidió objetar la competencia del tribunal presentando las excepciones preliminares que finalmente no fueron aceptadas por la CIJ en el fallo que dictó en septiembre de 2015. Por ese entonces, la discusión, tanto en el mundo del derecho, académico y político, era si fue o no una derrota la resolución de la CIJ y qué giro tenía que dar Chile en su estrategia política comunicacional que ya varios, por ese entonces, no dudaban en calificar de débil. Es así como en octubre de 2015 —solo un mes después del fallo— el ex canciller Heraldo Muñoz decidió crear un equipo especial que se dedicaría a dos asuntos: lo comunicacional y el relato histórico. Y para esos fines, la Cancillería fichó a tres profesionales: el periodista Ascanio Cavallo, el historiador Joaquín Fermandois y a Gabriel Gaspar como embajador especial de la demanda. El gobierno se daba cuenta que este caso se iba a disputar en un terreno más pedregoso que el estrictamente judicial.
La Corte tiene bastantes aristas para argumentar su fallo, tanto desde el plano del derecho, pero también desde el político/histórico. Muchos expertos creen que podría ser una combinación de ambas.
Y durante ese período comenzó una discusión en torno a qué espacio, finalmente, se le debía dar —en la contramemoria— al capítulo histórico para responder lo que el equipo asesor consideraba como severas impresiones y tergiversaciones que acostumbraba a hacer el presidente de Bolivia, Evo Morales y que también estaban presentes en el texto de la Memoria. Según comentan diversos actores del proceso, la discusión fue ardua y compleja entre quienes querían salir con todos los argumentos para defenderse de Morales; y otros que preferían mantener el foco en el derecho internacional. Pero, finalmente, una cosa se entremezclaba con la otra, y el capítulo de la historia pasó a tener un rol importante en el texto final, tanto de la contramemoria (presentada en julio de 2016), como en la dúplica (entregada al tribunal en septiembre de 2017).
Con todo, en los círculos diplomáticos y asesores de la Cancillería coinciden en que Bolivia logró crear un caso muy llamativo para la Corte, en torno a cómo un proceso de negociación, sin que se firme nunca una resolución, puede ser finalmente fuente de derecho. Ejemplos hay pocos, pero uno en el cual Bolivia centró sus ojo fue el litigio entre Australia, Nueva Zelanda y Francia (1995) por los ensayos nucleares en Mururoa. El jurista español Ramiro Bretons es considerado el ideólogo del caso que se centra, básicamente, en obligar a Chile a cumplir con diversas ofertas, algunas de palabra otras escritas, pero que nunca fueron ratificadas ni menos oficializadas. Ese caso ya resultaba atractivo para la Corte, pero a lo que se fue sumando la artista más política con la campaña mediática comandada por Evo Morales a nivel internacional con el fin de expresarle al mundo, y desde luego a la Corte, las complicaciones y penurias que le ha traído a los bolivianos su situación de mediterraneidad, culpando a Chile de esa situación.
Este elemento político ha sido el que más ha estado presente en los alegatos de esta semana. Por un lado Bolivia acusando a Chile de invasor, y de impedir el desarrollo económico del país; y por el otro, nuestro país respondiendo cada emplazamiento, argumentando una tergiversación de la historia de parte de Bolivia en torno al tratado de 1904 e incluso hasta en los orígenes de la Guerra del Pacífico.
Faltan dos alegatos más y luego un espacio de tiempo (6-8 meses dicen algunos) para que los jueces decidan el destino final de la demanda y si Chile deberá o no sentarse a negociar con Bolivia una solución a su condición de mediterraneidad. La Corte tiene bastantes aristas para argumentar su fallo, tanto desde el plano del derecho, pero también desde el político/histórico. Muchos expertos creen que podría ser una combinación de ambas.
