La construcción de una universidad de calidad requiere algunos pilares fundamentales: una misión e identidad definida, alta concentración de talento académico–profesores y estudiantes de excelencia–, una comunidad universitaria identificada con la institución, un compromiso y aporte a la sociedad definidos, adecuados recursos que aseguren un aprendizaje de excelencia e innovador y el desarrollo de una investigación de avanzada, y un gobierno universitario que fomente una visión estratégica, así como la innovación y la flexibilidad para tomar decisiones. De esta manera, la forma de gobierno de una universidad es crucial, y se transforma así en un atributo de gran importancia para alcanzar la excelencia de una institución.
En el contexto actual, con importantes desafíos educacionales, las formas que este gobierno universitario adopte han sido materia de estudio a nivel mundial, lo que ha significado que varios países hayan renovado sus estructuras tradicionales. Estos cambios han establecido diferentes modelos de gobierno universitario, con una diferente participación de la comunidad interna, ex alumnos, constitución de directores y autoridades externas, todo ello en relación a la diferente misión e identidad de las instituciones. De esta manera, las universidades se organizan en instituciones estatales, de Iglesia, corporaciones, fundaciones, todas ellas instituciones organizadas de manera que el conocimiento en la toma de decisiones sea el elemento ordenador.
Dentro de estas formas de conducción universitaria, es muy importante destacar que la participación de la totalidad de la comunidad universitaria requiere ser fomentada en las diversas instancias de la toma de decisiones. La participación estudiantil tiene que estar asegurada, pues contribuye a la adecuada formación de los estudiantes e incorpora su opinión en el fortalecimiento de las instituciones. Los estudiantes, al estar de paso en la universidad, tienen márgenes mayores de libertad para participar y proponer cambios; sin embargo, su mirada puede carecer de valorar factores del largo plazo que requiere una institución. Así, esa participación debiera privilegiar los ámbitos de sus competencias, lo que no impide la expresión de una visión más global respecto del rol institucional. Del mismo modo, la participación del personal administrativo, funcionarios y profesionales es de gran relevancia, mediante instancias específicas, acorde a la naturaleza de cada gobierno universitario, como a través de los sindicatos organizados u otras instancias, que representan los intereses y preocupaciones del personal.
Sin embargo, esta participación no debe confundirse con apuntar hacia un cogobierno o a la triestamentalidad en el manejo y conducción de las universidades. La incorporación de estudiantes y funcionarios a la toma de decisiones en áreas estratégicas conlleva el riesgo de priorizar sus respectivos intereses corporativos, eventualmente conducir a la captura de estos espacios y, por ende, dificultar el desarrollo. Considerar como una forma de “democratizar” la universidad el someter a votación de los diferentes estamentos aspectos claves de su desarrollo, es decir la contratación y ascenso de profesores, el desarrollo de proyectos académicos, los planes de infraestructura e inversiones, no ha probado ser en la experiencia internacional, a lo largo de la historia, el camino apropiado para lograr una mayor calidad de las instituciones. De hecho, en la mayoría de los países europeos esta forma de gobierno universitario ha sido modificada.
El Ministerio de Educación ha presentado el documento “Bases para una Reforma al Sistema Nacional de Educación Superior”, en el que se esbozan aspectos del marco regulatorio, una propuesta de ingreso común, el aseguramiento de la calidad, la nueva institucionalidad y las propuestas de financiamiento institucional y estudiantil. Es importante destacar el punto que se refiere a la autonomía y gobierno universitario, ya que al plantear el nuevo sistema de financiamiento, en el documento se exigen compromisos a través de la firma de un convenio que asegure “la participación de todos los estamentos en órganos de gobierno con derecho a voz y voto”, lo que se establece como una condición para recibir fondos públicos. Esta es una intromisión inaceptable en la autonomía del gobierno universitario, el que debe desarrollar cada institución de manera libre, en base a su Declaración de Principios, Estatutos e ideario institucional. De esta manera, la propuesta de financiamiento y gratuidad no puede vulnerar la autonomía universitaria, aspecto clave en el desarrollo de un proyecto de calidad. Si hay instituciones que consideran adecuado el modelo de gobierno triestamental, debieran poder implementarlo, sin embargo esto no puede ser una exigencia, que afecta la autonomía básica de la universidad.
El gobierno universitario forma parte esencial de la autonomía institucional y requiere respetar la misión, identidad y valores de cada universidad. Esto es vital para asegurar la libertad de cátedra al interior de la universidad. La participación activa de la comunidad, en las formas y con los márgenes que defina la propia institución, es crucial en la realización del proyecto universitario. Una mejor conducción universitaria, con participación y claridad en la toma de decisiones, permite avanzar en la calidad a nivel internacional, lo que es parte de nuestra misión y contribuye al desarrollo del país y de sus personas.