Los diagnósticos están hechos. El balance del gobierno de Bachelet más allá de la mirada parcializada, antojadiza y poco objetiva en la interpretación de cifras y realidades que hace la Presidenta y el mundillo político post 21 de mayo, no tiene a esta altura ninguna capacidad de afectar aquello que es de sentido común para una amplia mayoría de chilenos. Esto es, que el país del nuevo paradigma reformista-progresista y del liderazgo inclusivo está estancado, atomizado, sin un proyecto identitario (de ideas, programa y estrategia) conectado con anhelos y aspiraciones de una mayoría, y que más allá de cierto anhelos asambleístas populares, es presa de una crisis participativa sin precedentes a nivel electoral y decisional de políticas públicas relevantes. La valoración en el tiempo-reputación del gobierno así lo refrendan. No da espacio para una doble lectura.

El circuito de desafección y quiebre entre las expectativas iniciales de la ciudadanía respecto de lo que prometía iba a ser o decía ser el gobierno, y lo que efectivamente hace o es capaz de hacer, crece día a día. El sentido común ciudadano, destilado con el devenir de los equívocos presidenciales y los tropiezos recurrentes de nuestra fauna política general, entiende que las grandes reformas anunciadas se postergan, modifican o desvanecen ya no por una soberbia dialéctica-seudo ideológica o por un conservadurismo reinante en parte de las huestes parlamentarias, sino por un vacío conceptual y una impericia técnica, política y legal para sustentarlas. Entiende que la acción política que sostiene y justifica el andamiaje estructural del gobierno, es tan endeble, improvisada y dubitativa como los anuncios de gratuidad educativa, el puente del río Cau-Cau, la comprensión del poder y dimensión de las demandas de los actores en conflicto en Chiloé,  las previsiones para evitar el desborde del río Mapocho, o la capacidad de abstraerse a los tentáculos de los autoproclamados “poderosos”.  Más aún, el sentido común popular ya no tolera que lo simplifiquen y reduzcan a un status de masa acrítica, muy propio de los totalitarismos ideológicos que encuadran la formación de Bachelet, Guell y los asesores de palacio; a un constructo instrumental carente de razón; a consignas y disfraces infantilistas, nostálgicos, de guerra fría, desprovistos de complejidad, dinamismo, educación, información, conciencia de derechos y sujeción a deberes.

Ese sentido común es el que choca con una falta del mismo además de la carencia de realismo, capacidad de convocatoria, generación de confianza y proyección de la Presidenta y actores políticos que nos hablaron verbal y simbólicamente este 21 de mayo. Un mensaje escenificado en un plenario del Congreso con notorias ausencias y un vacío importante en asistencia; un mensaje que mientras aludía a la seguridad pública y las mejoras en dotación y coordinación de recursos para proveerla, era acompañado a pocas cuadras con actos de violencia contra carabineros, quemas de inmuebles patrimoniales públicos,  cuerpos de bomberos sin agua e instrumental para combatir el fuego, ambulancias que no llegaban a socorrer a una víctima del incendio, o un intendente de la región increpado por sus habitantes aburridos que les quemen la ciudad todos los 21 de mayo. Un mensaje que utiliza como recurso facilista la defensa empática de la mujer, que ejemplifica una y otra vez la lucha contra la violencia de género en la violación y golpiza sufrida por una vecina de Aysén, pero que nada señala y dice hacer respecto de las violaciones, golpizas y maltratos contra mujeres menores en hogares y centros del Sename administrados por el Estado. Un mensaje de 90 minutos encuadrado en una desconfianza generalizada, pero que sólo utiliza 5 para hablar de la estrategia y acciones del Gobierno para reestablecer las confianzas en lo público y en su gobierno. Parte del arsenal pro-confianza mencionado se relacionó con un compromiso hacia el resguardo de la propiedad privada (como guiño más bien a una élite empresarial, no al ciudadano de a pie); a un proceso constituyente transparente, sin presiones y pluralista (pero donde un 54% de los facilitadores de los cabildos no cumple con requisitos mínimos de neutralidad); a la creación de una subsecretaria de derechos humanos (cuando otras subsecretarias ya existentes desatienden a partir de sus políticas o inacción derechos ya establecidos y proclamados de acceso a una salud o educación de calidad y oportuna); una agenda de probidad y transparencia que en los últimos días es acompañada, además de nuevos antecedentes que oscurecen las fuentes de financiamiento de las campañas presidenciales y parlamentarias, por presiones hacia la prensa (o silencios notorios desde el gobierno) para que el TRICEL revirtiera fallida y negligente inscripción a primarias de la Nueva Mayoría rechazada legítimamente por el Servel.  Pero poco y nada hubo de asumir el cómo las políticas y accionar propio del gobierno minan día a día la fe pública y el sentido común ciudadano

¿Qué puede hacer la Presidenta, su gabinete y los actores parlamentarios para cambiar el rumbo y sintonizar con el sentido común ciudadano?

Primero, hacer carne sus predicamentos y principios originales. Esto es, reinstaurar la capacidad real de escuchar, dialogar, estudiar y ponderar de forma desapasionada para entender el sustrato de demandas y anhelos ciudadanos y actores particulares y desarrollar una comprensión más completa del entorno en que se mueve. Segundo, dotarse de los elementos que permitan esa tarea y habiliten para complejizar, tensionar, no simplificar. Tercero, cambiar el paradigma de gestión y acción política desde la lógica propagandística, que opera bajo un modelo de agente publicitario, filosóficamente asimétrico, monológico, de suma 0, guiado desde la teoría de la sospecha, donde la verdad es lo de menos, a otro simétrico, dialogante de 2 vías, de entendimiento mutuo, sustentado en la verdad y realidad de los hechos, y que genera a la postre una suma positiva para todas las partes. Cuarto, actuar con coherencia, consistencia y eliminar ciertas estrategias de autoinmunidad para enfrentar escenarios de conflicto y controversia que sólo terminan por condenar a la muerte o el olvido. O si se quiere la predilección por negar, esconder, transferir, delegar o silenciar antes que enfrentar con valentía (a riesgo de aparecer pauteado), en primera persona, los desafíos y responsabilidades que trae aparejado el poder y el ejercicio ético de la autoridad conferida. Por último, y tal como lo enfatizara la Presidenta al finalizar su alocución, la necesidad (ojalá real) de reubicar al ser humano, al chileno de carne y hueso (no el de la whiscola en el Liguria, el socialité rede set de barrio Italia o el de las sociales en el GAM), como objeto central y sujeto último de las políticas públicas y las preocupaciones de Estado. Entenderlo como tal, hablarle como tal, tratarlo como tal, abrazarlo finalmente como tal para hacerlo igual de libre que la Presidenta y todos quienes la rodean y pregonan a diario las banderas progresistas de la igualdad y libertad.